La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) abre el camino a la objeción de conciencia en la asignatura de Educación para la Ciudadanía al recomendar a sus centros que no obliguen a los alumnos objetores a acudir a clase. La patronal considera prudente esperar a que las Consejerías de Educación correspondientes decidan al respecto o hasta que llegue el fallo judicial se el caso llegua a los tribunales.

Ante la implantación de la asignatura para este curso en siete comunidades autónomas, la CECE ha remitido una circular de "orientaciones" en la que recomienda a sus centros asociados ofrecer a los alumnos temas sobre la Consitución "mientras se resuelve el problema".

En dicha circular, basada "siempre en el respeto a la libertad" de colegios y familias, la patronal católica solventa los problemas de la evaluación asegurando que: "sin duda, pueden promocionar, siempre que no superen el número máximo de suspensos según la LOE".

En cuanto a los profesores, la CECE recomienda que sean docentes de Filosofía o Religión para asegurar la "coherencia" entre las asignaturas y para que "se eviten así otros problemas". La organización se ofrece a formarlos y dotarles de documentos que "orienten y puedan servir para solucionar las clases", ya que entiende que no es necesaria la utilización de libros de texto.

Actuar con mucho tacto 

Las familias, entiende la organización, no deben sufrir "ningún tipo de presión" por parte de los centros, que deberán "tramitar" las objeciones ante la Consejería. En caso de que sean aceptadas, la CECE propondrá alternativas a la asignatura. De no serlo: "lo más probable es que los padres recurran esa decisión, por lo cual, el centro debe actuar con mucho tacto".

El tacto se traduce, según la circular, en lo siguente: "En tanto la Administración decide (...) nuestro consejo es que el colegio tutele y preste la debida atención educativa, actuando como en los casos en los que, por diferentes causas, un alumno no puede participar en otras asignaturas (por ejemplo: educación física, religión)".

La postura recomendada a los 5.600 centros, privados y concertados, de la CECE se basa en que consideran que la asignatura de Educación para la Ciudadanía tiene "gran carga ideológica impuesta por el Ministerio de Educación sin ningún tipo de consenso".