Era un secreto a voces que el Ministerio de Industria ha reconocido por fin oficialmente: España no tendrá un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radioactivos en 2012, como estaba previsto. El Ministerio lo ha admitido en la última Convención Conjunta sobre seguridad en la gestión de residuos, un foro internacional al que pertenece España y que celebró su última reunión el mes pasado.

A una pregunta de la Administración estadounidense, que califica de "ambiciosa" la meta de tener el ATC en 2012, el Gobierno español admite que "dadas las dificultades intrínsecas de este tipo de proyectos, ahora mismo parece difícil cumplir el objetivo".

La fecha más probable, dado el retraso de dos años que acumula el proyecto es, como muy pronto, 2014. La tardanza tendrá su coste: sólo por la basura nuclear de la central de Vandellós I, cerrada tras un incendio en 1989 y cuyos residuos actualmente custodia Francia, España deberá pagar, a partir de 2011, una multa de 60.000 euros diarios, es decir, unos 60 millones hasta 2014. Dinero que pagarán tanto los usuarios (a través de la tarifa de la luz) como las eléctricas.

Además, como actualmente los residuos de alta actividad (los más peligrosos y para los que no hay solución) se guardan en las piscinas de las propias centrales y algunas de ellas están saturadas, será necesario construir un minialmacén (conocido como ATI) para la central de Ascó, como los que ya tienen las de Trillo y Zorita (clausurada en 2006). Si el Gobierno decide cerrar Garoña en 2011, como parece probable a tenor de las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también podría ser necesario construir un ATI para esa central si el ATC se demora más allá de 2014. Tener varios ATI equivale a desperdigar la basura por varios puntos, algo mucho más peligroso que centralizarla en un único lugar, como permitiría el ATC.

La búsqueda de un emplazamiento para el vertedero atómico viene de lejos. Se empezó a plantear a mediados de la década pasada y, en diciembre de 2004, el Congreso instó por unanimidad al Gobierno a construir el ATC. Este es una solución transitoria: en principio, a mediados de siglo debería encontrarse un almacenamiento bajo tierra como emplazamiento definitivo.

Industria abrió un periodo de información previa para los municipios interesados en acoger el ATC, pero el proceso quedó congelado en el otoño de 2006, con los comicios municipales de mayo de 2007 a la vuelta de la esquina.

Ahora, el calendario parece propicio, sin citas con las urnas hasta dentro de tres años. Industria, que en otra respuesta a la Administración canadiense dice que el apoyo de la población española a la energía nuclear, "pese a haber aumentado ligeramente" desde 2005, "continúa siendo muy bajo", podría reabrir el proceso de forma inminente, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria para que los municipios interesados, de haberlos, presenten su candidatura.

El proyecto del ATC es un caramelo económico: la inversión para el complejo será de más de 700 millones y el pueblo que lo acoja recibirá 12 millones al año en ayudas. Durante su construcción se crearán unos 300 empleos y, cuando esté en marcha, cerca de 100. Sin embargo, cada vez que se ha vinculado a un municipio al proyecto (el último ha sido Yebra, en Guadalajara), el rechazo popular ha sido frontal. Se especula con que algunos de los pueblos que ya tienen una central se postulen como candidatos. El alcalde de Valle de Tobalina, donde está Garoña, se niega en redondo.