El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retiró ayer la sanción de 305 euros impuesta por la comisión disciplinaria de este órgano a la jueza de Denia (Alicante) Laura Alabau, que cuestionó la constitucionalidad de los matrimonios entre homosexuales. Esta magistrada fue penalizada el 30 de mayo de 2007 por una falta grave al quejarse de sufrir "una persecución por parte del aparato progagandístico del Gobierno" y atribuir a la Dirección General de Registros hacer "una interpretación ilegal sólo movida por intereses políticos y progandísticos", en relación a las bodas entre personas del mismo sexo.

Así lo expresó en una carta al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV). En la misiva, también dijo que el
teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López, se había convertido "vergonzosamente en un apéndide del Gobierno".

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, es falta grave "dirigir a los poderes, autoridades, funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición".

Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces admitió, con los nueve votos a favor de los jueces conservadores, el recurso de la juez y le levantó la multa al entender que el escrito está dentro del "derecho a la libertad de expresión. No es una falta de censura o crítica, no existe la intención de hacerlo", resalta el portavoz del CGPJ, Enrique López. A su juicio, la magistrada sólo quiso justificar "con exposiciones más o menos acertadas" su decisión de no querer casar a homosexuales extranjeros.

Los ocho vocales restantes presentarán votos particulares. Para los magistrados que votaron en contra del perdón, Alabau hizo sus manifestaciones utilizando su condición de juez. En concreto, el vocal Juan Carlos Campo explica que la jueza envió el escrito desde el gabinete de prensa del TSJV y utilizó sus servicios de documentación y comunicación. "Son los jueces los que tienen acceso a ese gabinete de comunicación", señala.

Alabau, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia y responsable del Registro Civil de este municipio alicantino, rechazó diversas solicitudes de matrimonio de varias parejas homosexuales extranjeras porque las legislaciones de sus países de origen no reconocen este derecho.