El juez Baltasar Garzón 'no ha cometido falta alguna' durante su estancia en Nueva York para desarrollar actividades docentes y de investigación en el Centro de Derecho y Seguridad y el el Centro Rey Juan Carlos I de España. Por eso, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial propone a la Comisión Disciplinaria que se celebrará el próximo día 9 que archive las diligencias informativas abiertas contra el magistrado de la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo. Fuentes del órgano de Gobierno de los jueces señalaron que la Disciplinaria sobreseerá el caso al hacer suya la propuesta de Inspección.

El informe de la jefa del Servicio de Inspección, Virginia García Alarcón, explica que el 22 de diciembre de 2004 Garzón solicitó permiso para desarrollar actividades de docencia e investigación con la Universidad de Nueva York. En la petición señalaba que 'no existe cantidad alguna acordada' con el centro, pero advertía que estaba 'gestionando' que el centro cubriera sus 'gastos de desplazamiento, vivienda y mantenimiento personal y familiar'.

Añadía que 'ello incluirá el pago de los impuestos que correspondan por los ingresos así devengados'. El 11 de enero de 2005 se le concedió una licencia por razón de estudios, que se prorrogó por la Comisión Permanente del 22 de noviembre de 2005. Ni a la hora de conceder la licencia, ni cuando se prorrogó, ni a la entrega de la memoria justificativa en junio de 2006, el CGPJ le preguntó por las retribuciones.

Inspección explica que los directores de los dos centros para los que desarrolló actividades declararon que los honorarios que el juez percibió 'se debieron a su trabajo científico y de investigación y no eran un sueldo como profesor'. El informe cifra lo percibido del Centro Rey Juan Carlos I en 22.152 dólares en concepto de viajes y 21.650 por la escolarización de su hija. Del Centro de Derecho y Seguridad cobró 132.152 dólares, que según Inspección, se han traducido como 'sueldo' cuando en realidad son wages o remuneraciones por cualquier concepto, incluso por comisiones, propinas o dietas.

El Consejo empezó a investigar a Garzón el pasado mes de marzo, después de que el Supremo archivara la querella presentada contra el juez por el abogado Antonio Panea por los delitos de cohecho y prevaricación.

Inspección niega que Garzón haya cometido cualquiera de las dos faltas muy graves mencionadas en dicho auto del Alto Tribunal. Es decir, ni engañó o faltó a la verdad al CGPJ al no comunicarle sus remuneraciones, porque nadie se lo pidió; ni, según el propio Supremo, prevaricó al no apartarse de una querella contra el presidente del Banco Santander, entidad que financió al centro que le contrató.