El CGPJ reitera que se hará justicia en el ‘caso Mari Luz’

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, expresó ayer el compromiso de este órgano con los padres de Mari Luz de tomar una decisión “sin asomo de corporativismo” respecto al juez de Sevilla Rafael Tirado. El CGPJ le abrió en abril un expediente por una falta muy grave de desatención por no ordenar ejecutar la sentencia que pesaba sobre quien, a la postre, se convirtió en el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle.

El padre de la niña, Juan José Cortés, cree que hay que depurar más responsabilidades y, tras reunirse ayer con el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo (TS), Francisco José Hernando, no descartó que se abran más expedientes por dejación de funciones de la acusación particular y de la Fiscalía en la primera causa abierta a Del Valle. López contestó que el compromiso es que las cosas se van a hacer “como se deben hacer”.

Según Cortés, en la primera causa abierta a Del Valle por abusos a su propia hija –por los que fue condenado a dos años y nueve meses de prisión–, ni la acusación particular que ejerció la Junta de Andalucía ni la Fiscalía solicitaron que se ejecutara dicha condena. El padre recordó también que en su día Hernando le pidió disculpas por los errores judiciales producidos y por permanecer Del Valle en libertad a pesar de haber sido condenado en varias ocasiones por abusos a menores. Ayer lo agradeció, pero recordó que eso no le devolverá a su hija.

Dos días de reuniones

En los últimos dos días, los padres de Mari Luz también han tenido encuentros con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, y el Congreso de los Diputados. De Zapatero arrancaron el compromiso de crear un registro de delincuentes sexuales con el fin de perseguir a los pederastas.

Antes de acudir a la reunión junto al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, la portavoz de este grupo en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que presentará una iniciativa parlamentaria para aumentar la seguridad en el entorno de los colegios y en los parques públicos ante el posible acoso de pederastas.