La debilidad económica de los sin papeles adultos en España se ve agravada por la falta de derechos como el empleo o la educación. Además, el acceso a la justicia, el empadronamiento o la posibilidad de casarse dependen del funcionario que les atienda.

España no reconoce el derecho a trabajar a los extranjeros en situación irregular y persigue su contratación con penas que suelen oscilar entre los 5.000 y los 6.000 euros. Sin embargo, hasta la llegada de la crisis, no tenían grandes problemas para trabajar de forma irregular en la construcción, el servicio doméstico o la agricultura. Sus empleos siguen sin incluir garantías legales (despidos sin aviso ni indemnización, impagos, imposibilidad de cobrar paro...). Si un sin papeles denuncia al empresario y se le condena, la administración regularizará su situación.

En caso de sufrir un robo, una agresión o una estafa, los irregulares pueden acudir a una comisaría de Policía para denunciarlo, pero corren el riesgo de que se les abra un expediente de expulsión del país, al no tener la documentación en regla. Dependerá del funcionario. Desde 2005, si la denuncia es por violencia de género (y se demuestra), las autoridades regularizan la situación del demandante. Por esta vía, 848 mujeres han obtenido permisos de residencia.

Los inmigrantes menores de edad no pueden ser expulsados del país y reciben un trato protector por parte del Estado, que asegura su escolarización durante la etapa obligatoria. Sin embargo, los mayores de edad no tienen reconocido el derecho a estudiar en las universidades o en otros centros públicos oficiales como las escuelas de idiomas.

La falta de documentación suele ser el principal problema de los sin papeles a la hora de formalizar un contrato de compra de vivienda. La mayoría vive de alquiler porque no puede asumir el coste de un domicilio y los caseros les ponen menos trabas.

A la hora de empadronarse, encuentran dos grandes obstáculos: el rechazo de algunos ayuntamientos como los de Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela o Torrejón de Ardoz (Madrid) y la falta de pasaporte. La voluntad de la administración local y la documentación original (no fotocopias) son indispensables. Así, los que llegan a España sin documentos (la mayoría de los subsaharianos) o aquellos con una orden de expulsión abierta (la Policía les retiene el pasaporte original) tienen también serios problemas.

Al contraer matrimonio con un ciudadano de la UE, reciben la tarjeta de familiar de residente comunitario. Sin embargo, las asociaciones denuncian trabas para realizar estos enlaces, especialmente en los de tipo mixto, en los que deben pasar entrevistas muy exhaustivas.

Los que no están empadronados no cuentan con un médico de cabecera. El acceso a la sanidad se realiza vía emergencias y no cuentan con un seguimiento médico.

No tienen derecho a votar ni a presentarse como candidatos a elecciones municipales, autonómicas o nacionales.