Fue en verano de 2009 cuando el Gobierno aprobó la ayuda de 426 euros (420 euros entonces) para todas aquellas personas en paro que hubieran agotado su prestación y subsidio de desempleo. El objetivo era aliviar una situación especialmente grave, la de miles de parados que comenzaban a agotar sus prestaciones mientras el mercado de trabajo no sólo no creaba empleo sino que continuaba destruyéndolo.

Hasta octubre, han sido 700.000 personas las que se han beneficiado de esta ayuda, de las que 230.000 (un 34%) se dieron de baja en algún momento porque encontraron empleo. Una cifra de beneficiarios que creció gracias a las prórrogas que aprobó el Gobierno. La última, en agosto de este año, contenía importantes restricciones que dejaban fuera de la ayuda a las personas comprendidas entre los 30 y los 45 años que no tuvieran cargas familiares. En todo este tiempo, la prestación ha supuesto un gasto de unos 2.300 millones.

Desde entonces, las dudas sobre el mantenimiento del llamado Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI) ha sido una constante. Al poco tiempo de ser nombrado ministro de Trabajo, Valeriano Gómez dejó ver su intención de prorrogarlo. Sin embargo, ese mismo día el ministerio rectificó y matizó que la renovación dependería de la evaluación de la disponibilidad presupuestaria.

Tanto Gómez como la secretaria de Estado de Empleo, MariLuz Rodríguez, han declarado en varias ocasiones (la última, el martes pasado), que la prórroga o no de la ayuda se contemplaría en una reforma más amplia de las políticas activas de empleo, donde tratarían de vincularla más estrechamente a acciones de orientación y formación. A pesar del diálogo que mantienen abierto al respecto con agentes sociales y comunidades, el Gobierno ha decidido unilateralmente eliminar la ayuda. No obstante, Gómez aseguró ayer que antes de que acabe la vigencia de los 426 euros se habrá diseñado el programa que lo sustituya.

"Cerca de 600.000 personas van a quedarse sin nada, lo cual se vendrá a añadir al millón cien mil personas desempleadas que ya no tienen ningún tipo de cobertura económica en este momento", estimó ayer el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Por su parte, el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, calificó la supresión de la ayuda de "antisocial", ya que iba dirigida a un colectivo social vulnerable.