El tribunal de la Audiencia Nacional ha pedido tres meses para desbrozar el "complejísimo" escándalo financiero de Gescartera, antes de que quedara hoy visto para sentencia el juicio oral por este caso que se prolongó durante otros tres meses, pese a los seis años de investigación previos.

La trigésimo novena sesión de esta vista oral sirvió para que la presidenta del tribunal, Carmen Paloma González, dejase claro que la sentencia, que se espera para la primera quincena de marzo, estará suficientemente "razonada" y aplicará la máxima de la justicia: "dar a cada uno lo suyo".

También anuncio que, en la vista oral, no se han tenido en cuenta los apellidos de nadie ni "si son más o menos solventes", en respuesta a las defensas de Caja Madrid y La Caixa, quienes se defendieron de su posible responsabilidad civil subsidiaria que puede variar de 50,22 a 94 millones de euros.

Por su parte, el principal imputado del caso, Antonio Camacho, no quiso dejar pasar la oportunidad de su "última palabra" para afirmar que "nadie de los acusados debería estar aquí", en el juicio de Gescartera, puesto que esta empresa era un "proyecto viable" e iba a ser una de las principales entidades financieras del país.

Después de tres meses y 39 sesiones de juicio oral, en el que han declarado catorce imputados, un centenar de testigos y más de una decena de peritos para formar el veredicto final del tribunal, además de Camacho, otros ocho imputados emplearon este derecho a hablar antes de que concluyese el juicio.

Al igual que Camacho, el número dos de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón, reiteraron hoy su inocencia, pese a que el fiscal pide once años de cárcel para los tres por apropiación indebida y falsedad.

Mientras Ruiz de la Serna afirmó que se pagó "de más" a clientes 2.300 millones de pesetas (13,82 millones de euros), Sardón se limitó a exponer que siempre ha sido "un comercial" de la agencia de valores.

En su última palabra, Pilar Giménez Reyna agradeció el trato dispensado por el tribunal, pidió perdón a las acusaciones por el daño recibido por los clientes y añadió: "hoy, cada vez más, estoy más convencida de mi inocencia".

También el apoderado Javier Sierra de la Flor, quien pudo firmar cheques por más de siete millones de euros, afirmó que su familia es "otra víctima más" del caso Gescartera, y el jefe de mantenimiento Miguel Angel Vicente retiró su "absoluta inocencia", al igual que el asesor fiscal, Agustín Fernández Ameneiro.

Capítulo aparte mereció la intervención del asesor Julio Rodríguez Gil, quien reconoció haber sufrido el "engaño" por parte de Antonio Camacho al hacerle firmar unos cheques a nombre de su sociedad Hari 2000 SL por unos 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros) y hacer uso de ellos ante la CNMV, cuando se consignaron "para no hacer uso".

El último en intervenir fue el empresario Carlos Pascual Ortín Barrón, acusado por complicidad, quien aseguró que fue "el primero" que sufrió las consecuencias de este caso que se prolonga durante más de seis años, porque alguien se "apropió" de su personalidad y le colocó en la lista de "testaferros" de Gescartera, a los que se imputaba pérdidas millonarias.

"No he sido socio, administrador, director, comercial ni he tenido vinculación con nadie de Gescartera", afirmó Ortín Barrón, quien criticó que se le citase a este juicio solo tres días antes de su inicio y conociese a su abogado, designado de oficio debido a su situación económica, el primer día de sesión, el 17 de septiembre de 2001.