El Congreso conocerá esta semana el criterio de Exteriores sobre los convenios que se han venido firmando con distintos países para favorecer la participación de inmigrantes en las próximas elecciones municipales.

La oposición denuncia que esos acuerdos alterarán el censo de los comicios de 2011, pues supondrán la incorporación de más de un millón de votantes.

En agosto de 2008, el Ejecutivo nombró un embajador en misión especial encargado de negociar estos acuerdos con una quincena de países con presencia de nacionales en España con idea de incorporarlos al censo en las elecciones municipales. La Constitución ya fijaba una condición para esa participación, y es que esos países debían autorizar, en reciprocidad, el voto de los emigrantes españoles en sus comicios.

El pasado junio, el Gobierno dio por terminadas las negociaciones al cerrar acuerdos con Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile y Paraguay.

La oposición cuestionó estos acuerdos al considerar que implican una alteración sustancial del censo electoral sin que su contenido se haya consensuado previamente con la oposición. Los convenios recogen, como condición para reconocer el derecho al voto en España, cinco años de residencia legal e ininterrumpida en nuestro país, pero al mismo tiempo hay otra serie de condiciones que varían en función de los sistemas electorales de estos países.

Así las cosas, y para aclarar las dudas de la oposición, la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar la reforma de la Ley Electoral quiere escuchar de primera mano las explicaciones de Exteriores. Dado que el embajador que negoció los convenios tiene ya otra ocupación diplomática, será el secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios, Javier Elorza, quien comparezca ante la Cámara.