El fichaje del ex presidente José María Aznar por la eléctrica Endesa con una retribución de 200.000 euros y de Felipe González por Gas Natural 126.000 euros al año ha disparado el debate sobre los límites de su actividad privada y su compatibilidad con la asignación que reciben del Estado en atención a su antiguo cargo.

Varias formaciones preparan iniciativas para pedir que se limiten las prerrogativas que disfrutan si perciben otros ingresos. Aznar, por ejemplo, se ha volcado en los negocios tras abandonar La Moncloa. Ligado a media docena de empresas privadas, sus ingresos anuales superan ampliamente el millón de euros.

Aznar y González cobran más del Estado que el actual presidente

Aún así, igual que González, Aznar percibe también 80.000 euros anuales a costa de los Presupuestos como asignación y disfruta de otros privilegios vitalicios como una oficina con empleados de libre designación a cargo del erario público o coche oficial. Ambos ex presidentes, además, tomaron decisiones que influyeron en el recorrido de las empresas que ahora les pagan.

Por eso, el Bloque Nacionalista Galego pedirá hoy en el Congreso revisar la regulación del estatus de los ex presidentes. Esta proposición no de ley forzará a debatir el asunto en la Cámara. Su portavoz, Francisco Jorquera, defiende que Aznar o González "disfruten de los máximos honores" como ex presidentes, pero considera "éticamente reprobable" que aprovechen sus privilegios públicos en beneficio particular.

Incompatibilidades con rigor

El político del PP gana más de un millón de euros al año

El BNG pedirá que "renuncien a sus privilegios si cobran por parte de empresas privadas". Además, Jorquera cree necesario "aplicar con más rigor las incompatibilidades" a los ex altos cargos ampliando su vigencia ahora de dos años, y "concretar el conflicto de intereses que se genera cuando asesoran a empresas, para evitar que se paguen así los servicios prestados".

También el equipo económico de UPyD ultima una iniciativa para restringir las prerrogativas de los ex presidentes y pedirá que los ex presidentes renuncien a la asignación estatal si quieren cobrar de empresas privadas.

La izquierda minoritaria ve con buenos ojos estas restricciones "mucho más en tiempos de ajuste", señala un portavoz de ERC, que estudia la presentación de una proposición en el mismo sentido.

Izquierda Unida, que fue pionera, anuncia su apoyo, pero no presentará una iniciativa propia para no agotar su limitado cupo de proposiciones "en un debate que acabará con el rechazo del PSOE y el PP", según advierten, como ocurrió cuando pidieron limitar el estatuto de los ex presidentes en legislaturas anteriores.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, incide en un aspecto "esencial" a su juicio: ambos "tuvieron mucho que ver en las privatizaciones que enajenaron el patrimonio público".

El Grupo Socialista prefirió evitar el debate a la espera, adujeron, de que la oposición plasme sobre el papel sus iniciativas, aunque el PSOE siempre ha votado en contra de restricciones como la que plantea el BNG Zapatero, diputado de a pie entonces, defendió en 1999 el rechazo socialista a una proposición de IU en esta línea.

Desde el PP, su vicesecretario territorial, Javier Arenas, defendió que el fichaje de Aznar por una eléctrica "no afecta" al discurso de su partido en sus críticas, por ejemplo, a la última subida de la luz. Jaime García Legaz, número dos de FAES, la fundación que preside Aznar, defendió el debate abierto sobre el sueldo público de los ex presidentes, aunque pidió que se les mantenga un estatus institucional diferenciado.

Herencia de la Transición

La norma que regula el estatuto de los ex presidentes, reformada en 1992, se redactó en 1983, afectando a los dos presidentes de la Transición: Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. "Se entiende como un gesto de agradecimiento para dignificar su figura" en un país sin experiencia democrática, explica María Núñez, profesora de Derecho Constitucional en la UNED, quien recuerda que fue una idea "importada" de otros países de larga trayectoria en democracia.

Nicolás Pérez Sola, titular de la misma asignatura en la Universidad de Jaén, entiende "cuestionable" que se mantenga una asignación pública a los ex presidentes "si pueden obtener una retribución considerable en el ámbito privado", aunque señala que la ley no establece incompatibilidad alguna y sugiere que se podría regular alguna limitación "igual que se hay un tope máximo en la percepción de pensiones".

David Giménez, constitucionalista ligado a la Fundación Ideas perteneciente al PSOE cree que "aún no ha arraigado como en otros países" la figura del ex presidente, muy relevante en el entorno europeo o norteamericano, donde "su experiencia justifica un trabajo" a cargo de los Presupuestos como "gran consejero o diplomático".