El Consejo Constitucional francés validó hoy con ciertas condiciones el polémico uso de test de ADN previsto por la nueva ley de "control de la inmigración" para que los candidatos a la reagrupación familiar puedan probar su filiación con la madre instalada en Francia.

En cambio, la máxima jurisdicción constitucional rechazó la recogida de datos sobre el origen étnico o racial de las personas que preveía la ley para medir la diversidad de los orígenes, la discriminación y la integración.

Adoptada por el Parlamento el mes pasado tras semanas de polémica, la ley impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar, en consonancia con la política de "inmigración escogida" impulsada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que está resuelto a reducir la inmigración familiar y a potenciar la laboral.

La oposición de izquierdas y el líder centrista François Bayrou habían recurrido la ley ante la máxima jurisdicción constitucional de Francia, pidiéndole en particular que rechazara los polémicos artículos sobre los test de ADN y la recogida de datos étnicos.

El primer ministro, François Fillon, tomó nota "con satisfacción" de que el Consejo validó "todos" los artículos que figuraban en el proyecto original del Gobierno. Los relativos a los test de ADN y las estadísticas étnicas fueron añadidos por parlamentarios.

Por su parte, el opositor Partido Socialista celebró la anulación del artículo sobre la recogida de datos étnicos y llamó al Gobierno a optar por la "sensatez" y renunciar a los test de ADN, dadas las "reservas" expresadas por el Constitucional y la "movilización masiva" contra estas pruebas.

El artículo 13 de la ley prevé, a título experimental hasta finales de 2009, el recurso voluntario a los test genéticos, con la autorización previa de un juez y limitado a probar la filiación materna para los candidatos a la reagrupación familiar originarios de países con graves carencias en los registros civiles.

El Consejo Constitucional consideró que el polémico artículo es conforme a la Carta Magna con ciertas condiciones.

Así, recordó que la filiación del niño extranjero sigue sometida "en principio" a la "ley personal de la madre extranjera", es decir, a la ley del país de origen de la madre.

Por tanto, según el Consejo, la ley no tiene como objeto ni efecto "crear un derecho especial reservado a los extranjeros".

Señaló que el artículo no es aplicable a la filiación adoptiva, que "seguirá demostrándose mediante la presentación de un documento".

Al limitar los test al establecimiento de la filiación con la madre, el legislador ha tomado en cuenta, como debía hacerlo, "otros principios de valor constitucional: el derecho a una vida familiar normal, el respeto de la vida privada del niño y del padre y la salvaguarda del orden público, que incluye la lucha contra el fraude", reza el comunicado del Consejo.

Por tanto, a juicio de la institución, "la conciliación entre estos diferentes principios" no está desequilibrada por el nuevo dispositivo, que está subordinado a la petición del interesado.

El Consejo también consideró que el artículo 13 no exime a las autoridades diplomáticas o consulares de la obligación de verificar las actas de estado civil presentados por los demandantes de reagrupación familiar, por lo que prohíbe la aplicación "sistemática" de los test en los países donde se lleve a cabo la experimentación.

Por otra parte, el Consejo consideró como contrario a la Carta Magna el artículo 63 de la ley que autorizaba la recogida de estadísticas étnicas, y lo anuló.

Esta disposición, a su juicio, no toma en cuenta el primer artículo de la Constitución en virtud del cual Francia es "una República indivisible, laica, democrática y social" que asegura la "igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión".

Además, el Consejo consideró que ese artículo no tenía nada que ver con el resto de la ley sobre inmigración.

La decisión del Consejo Constitucional había suscitado una gran expectativa, más aún por cuanto era la primera vez que se sentaba en su seno el ex jefe de Estado Jacques Chirac, al que Sarkozy sucedió en el Elíseo el pasado 16 de mayo.