El que fuera contable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, el primero que se produce en el marco del caso Nóos, por el que ha confiesa que Aizoon, propiedad al 50 por ciento de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, tenía como finalidad desviarse a su favor los fondos que de forma ilícita percibió el Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

La confesión ha quedado plasmada en un escrito que este jueves ha entregado el fiscal Pedro Horrach al juez José Castro. En el documento, Tejeiro revela cómo Aizoon carecía de infraestructura personal y de medios para acometer su actividad social, y asegura no constarle que la sociedad tuviera empleados con dedicación exclusiva.

Urdangarín y Diego Torres se habrían apoderado de hasta 5,9 millones euros públicosEl imputado, quien ha optado por dar a conocer estos hechos de cara a una futura reducción de pena, relata cómo el giro de facturas falsas entre las empresas del entramado por el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de hasta 5,9 millones de euros públicos, suponía una práctica habitual dentro del conglomerado y, en el caso de Aizoon, subraya que las facturas libradas por ésta contra el Instituto Nóos y Nóos Consultoría Estratégica constituían una vía para que el dinero de origen presuntamente ilícito acabara en las cuentas de la sociedad de los Duques.

En su escrito, Tejeiro, hermano de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, subraya cómo las empresas que conformaban el entramado -Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica, Intuit, Shiriaimasu y Aizoon- eran entidades vinculadas entre ellas que operaban realmente en el mercado como si fueran una sola, todo ello bajo la dirección de Urdangarin y Torres, quienes ostentaban el control absoluto del grupo.

Las cinco empresas del entramado Nóos operaban en el mercado como si fueran una sola

Es más, confiesa que la actividad principal del conglomerado se centró principalmente en lograr la adjudicación para organizar las tres ediciones del denominado Valencia Summit y las dos del Illes Balears Forum, cuyo coste real, afirma, fue notablemente inferior a los fondos que el Instituto Nóos percibió de la Comunidad de Valencia y de Baleares. En total, la entidad cobró por organizar estos eventos 5,9 millones de euros, a pesar de que su verdadero coste fue de 1,6 millones, según datos de la Agencia Tributaria.

El encausado recalca que el dinero que cobró Nóos acabó siendo repartido entre Torres y Urdangarin mediante el giro de facturas falsas de las sociedades que ambos controlaban. Unas facturas que, precisa, no respondían a servicios realmente prestados. Tejeiro señala, de hecho, que el Instituto, pese a que se promocionase como una asociación sin ánimo de lucro, funcionaba en realidad como una mercantil con fines lucrativos.

Tejeiro hace alusión asimismo a la estructura fiduciaria investigada en la causa para desviar fondos al extranjero, y en este sentido, apunta a que la finalidad de ésta era evadir el dinero obtenido de las Administraciones públicas y ocultar a sus verdaderos beneficiarios así como lograr tributar menos que en España. Según recuerda en su escrito, llegó a asistir por indicación de Torres a una reunión en la que se le expuso la creación de esta estructura, mostrando su desconocimiento acerca de si Urdangarin participó en ella.

Exculpar a la infanta Cristina

El contable no hace referencia en sus declaraciones a la infanta Cristina, contra la que el juez mantuvo la semana pasada su imputación por delito fiscal y blanqueo de capitales, desligándola de esta manera de las actividades presuntamente delictivas de su marido.

Esta declaración vendría a apoyar la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que la hermana del rey Felipe VI era ajena a los negocios de su esposo, pese a tener un 50 por ciento de la sociedad Aizoon que Urdangarin usaba presuntamente como "pantalla" para desviar dinero.

La investigación del caso Noos ha perjudicado notablemente la imagen de la Casa Real y desde algunos sectores se atribuye como una de las causas de la abdicación de Juan Carlos I a principios de mes.

El caso es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en los gastos sociales.

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