Cada vez que saltan dudas sobre la contabilidad de algún partido político, sus dirigentes contestan con la misma afirmación: "Nuestros presupuestos han pasado todos los controles del Tribunal de Cuentas". Esta respuesta es cierta, pese a que el Tribunal ni siquiera ha entregado aún su informe sobre 2007. Pero oculta que la fiscalización del órgano del Estado encargado de ello es extremadamente laxa: trabaja sólo con el material que le aportan los propios partidos y ni siquiera tiene facultades para poner en duda dicho material.

Por ejemplo, la instrucción del juez Antonio Pedreira en el caso Gürtel puso de manifiesto que cinco empresarios valencianos supuestamente financiaron ilegalmente las campañas del PP en 2007 y 2008 mediante pagos a empresas de la trama que organizaban actos de campaña. Lógicamente, ninguno de estos pagos se declaró al Tribunal, que ha avalado las cuentas de las campañas de esos años sin indagar si existen o no estos trabajos no declarados y abonados por empresarios sin respetar la ley.

Ante este y cualquier otro caso, el consejero del Tribunal que examina los presupuestos de los partidos se limita a constatar que las facturas que le entrega el partido constan en la contabilidad oficial y que esta no sobrepasa el gasto permitido por ley en unas elecciones.

Tradicionalmente, los consejeros encargados de esta tarea son de la máxima confianza del PP y del PSOE, que suelen pactar la composición del tribunal. Actualmente, se encargan de esta tarea el presidente, Manuel Núñez Pérez, portavoz adjun-to del PP en el Congreso hasta 2001, cuando llegó al órga-no fiscalizador, y Felipe GarcíaOrtiz, exalto cargo socialista.

El Tribunal ni siquiera hace público el listado de proveedores de los partidos, lo que serviría para fiscalizar las posibles adjudicaciones que podrían recibir en paralelo. El único órga-no de control que en España hizo público este listado fue el de Galicia, y una única vez: en su informe de las elecciones autonómicas de 2009.

Pese al precedente gallego, el Tribunal se ha negado a extender el ejemplo: "Los documentos y conclusiones que se deben incorporar a los informes sólo competen al Tribunal de Cuentas", ha contestado el organismo ante la petición de hacer público el listado de proveedores de todos los partidos. "Esta cuestión entra dentro del ámbito de las potestades del consejero responsable de llevar a cabo la fiscalización", zanjó.