El Corte Inglés defendió hoy su actuación en la compra de las acciones de tres de los hermanos Areces Fuentes y rechazó que el juez acepte su exigencia de que les pague 40,6 millones por el 0,2% del capital que quieren vender, ya que "los órganos judiciales no están para poner precio a las cosas".

El abogado que representa a la empresa en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, Antonio Hernández Gil, señaló que la conducta del Consejo de Administración de El Corte Inglés fue "absolutamente correcta e impecable" y dijo que así lo había reconocido el Juzgado de lo Mercantil número 3, que estudió otra demanda de César Areces Fuentes -el cuarto hermano- y falló a su favor.

Hernández Gil defendió que El Corte Inglés actuó conforme a los nuevos Estatutos Sociales, reformados en agosto de 2005, cuando nombró a un auditor independiente (el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, Leandro Cañibano) para valorar el precio de las acciones de la empresa.

Cañibano, que valoró la empresa en más de 5.000 millones de euros, dijo que el valor razonable de sus títulos era muy similar al valor teórico contable, que es el que aplica El Corte Inglés en las compra-ventas de acciones con directivos y el que ofreció a los hermanos Areces Fuentes, tras hacer valer su derecho de adquisición preferente de sus acciones.

El abogado de El Corte Inglés defendió, contrariamente a lo apuntado por los representantes de los hermanos Ramón, Rosario y María Jesús Areces Fuentes, que el informe del profesor Cañibano se ajusta a las normas establecidas para este tipo de valoraciones por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

"Este informe no se ha cuestionado nunca donde tenía que cuestionarse, que es ante el ICAC, y tampoco se ha impugnado en este juzgado (...) porque saben que no ha habido incumplimiento de norma técnica alguna", argumentó el letrado de El Corte Inglés.

También reconoció que el informe de Cañibano puede ser cuestionado judicialmente, aunque "de forma restrictiva" y sin que ello implique que el juez pueda fijar un precio para los títulos, ya que así lo impide la doctrina del Tribunal Supremo.

"El Corte Inglés no puede ser valorado entre estas cuatro paredes. Esto no es una forma de valorar una de las principales empresas y si se entendiera que hay que valorarla, habría que hacerlo como manda la ley, con una prueba pericial judicial de verdad", añadió Hernández Gil.

También criticó los informes periciales encargados por los hermanos Areces Fuentes a la auditora Mazars y a los profesores del IESE Pablo Fernández y José Manuel Campá, que valoran la empresa entre 14.711 y 16.419 millones de euros, por ser "una pura hipótesis", ya que no solicitaron información a la propia compañía.

"Utilizaron información hipotética y se basaron en políticas de inversión hipotéticas, de forma que valoraron su idea de El Corte Inglés y no la realidad de la empresa", criticó el abogado de la empresa de distribución.

En relación con los informes de los profesores del IESE, el abogado de El Corte Inglés insistió en que no está hecho por auditores de cuentas e incumple las exigencias del ICAC, de forma que "parece una broma de consultores para hacer que las hipótesis prevalezcan sobre la realidad".

En cuanto al informe de la auditora Mazars, aseguró que se hizo como respuesta al de los peritos de la empresa de distribución y que "incurre en muchos defectos".

El letrado que representa a la empresa de distribución también señaló que ambos informes hincharon el valor de la compañía, especialmente en el apartado de inmuebles y de la marca.

Por último, pidió al juez que desestime la petición de los hermanos Areces Fuentes de que la empresa les compre el paquete accionarial por 40,6 millones de euros o por el precio que fije un auditor del registro mercantil, ya que conllevaría un "quebranto patrimonial" para la empresa, que iría en detrimento de sus accionistas.