Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) eligieron hoy al magistrado surcoreano Sang-hyun Song como presidente por un período de tres años de ese organismo judicial.

Los jueces Fatoumata Dembele (Mali) y Hans-Peter Kaul (Alemania) fueron elegidos como primer y segundo vicepresidente, respectivamente, según anunció la Corte en un comunicado.

Song sustituye en el cargo al canadiense Philippe Kirsch, que fue presidente de la CPI durante los últimos seis años.

En un balance sobre sus dos mandatos consecutivos como presidente de la Corte, Kirsch explicó a la prensa que en ese tiempo, la CPI ha demostrado a los países escépticos, entre ellos EEUU, que es un tribunal imparcial que toma decisiones puramente jurídicas y no políticas.

El presidente saliente comentó durante las últimas horas de su mandato que por ese motivo "la CPI está teniendo más aceptación", también por parte de EEUU y de Rusia, que destacan entre los países que todavía no han ratificado el Tratado de Roma.

"El problema de la CPI es que es una corte (...) y como tal no está capacitada para analizar aspectos políticos", declaró el juez canadiense, que fue el primer presidente de este organismo judicial.

Kirsch comentó también en el balance de su mandato que la orden de arresto emitida contra el presidente de Sudán Omar Al Bachir es tan reciente "que no sabemos qué va a pasar".

Sin embargo, no descartó que los jueces tengan que recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU para poder ejecutar la detención del líder africano.

Hasta ahora, el Tratado de Roma, en el que se basa el funcionamiento de la CPI, ha sido ratificado por 108 países.

Ampliar el número de Estados que lo apoyen es uno de los retos a los que se enfrenta la Corte, ya que, al no contar con un sistema policial propio para ejecutar las órdenes de arresto, depende de los Estados miembros para poder funcionar con "eficacia", recordó el juez canadiense.

Kirsch reconoció en este sentido que, a pesar de que los logros de la CPI hasta ahora ya le dan credibilidad, "llevará algún tiempo un funcionamiento perfectamente eficiente".

También la participación de las víctimas en la corte "tiene que ser explorada en mayor profundidad", ya que la CPI es la primera corte internacional que permite a las víctimas tener voz propia en un juicio y no ser llamadas como meros testigos.

La CPI, en funcionamiento desde 2002, es la primera corte internacional permanente capaz de juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, incluido genocidio.

A diferencia de otros tribunales internacionales como el de Sierra Leona (TESL) o el de la Antigua Yugoslavia (TPIY), la CPI puede actuar sobre crímenes de esa naturaleza que todavía se están perpetrando en el momento de investigarlos, lo cual hace que su funcionamiento sea complejo.

Hasta ahora la CPI investiga crímenes en Sudán, Uganda, República Democrática de Congo (RDC) y República Centroafricana.