madrid
Hasta 32 vehículos, en su mayoría todoterrenos de alta gama, se acumulan en las dependencias de la Guardia Civil en La Línea de la Concepción (Cádiz) tras ser incautados a los narcos. Su número es muestra de la gran actividad de las bandas organizadas que operan en la región. La ausencia de una instalación para almacenarlos bajo vigilancia, consecuencia de la escasez de medios con la que trabajan los agentes.
No piensen que es una situación extrema. "Es algo habitual. Aquí no hay ningún récord, no hay repunte. Es una situación con la que la Guardia Civil de La Línea convive día a día", revela José Cobo, de la Asociación Española de Guardias Civiles.
Los 32 coches confiscados colapsan el cuartel del Instituto Armado hasta el punto de que los vehículos oficiales del cuerpo deben ser aparcados fuera. "Tienen prioridad los que deben estar custodiados", expone Cobo. También la tienen sobre los vehículos utilizados en misiones de paisano, facilitando que los narcos identifiquen y vigilen estos coches, en teoría, camuflados.
Cuando se intervienen vehículos que han sido presuntamente utilizados en actos ilícitos, las fuerzas de seguridad deben custodiarlos hasta que el juez señale qué hacer. "En la sentencia o archivo que concluye un procedimiento hay que resolver lo que se hace con las piezas de convicción [objetos que prueban la comisión del delito] que han estado involucradas en el proceso", explica el portavoz de Jueces para la Democracia Ignacio González.
El juez puede resolver que los vehículos sean devueltos a sus dueños o que se subasten. Sin embargo la lentitud de la justicia provoca que puedan pasar años desde que se confiscan hasta que el Ministerio del Interior tiene luz verde para intentar sacar algún beneficio de ellos, con lo que su depreciación es importante.
Recursos desiguales
España es un territorio expuesto donde la precariedad económica facilita las alianzas con personal local. Por ello los narcos la han convertido en la puerta de entrada de su mercancía a Europa: aquí se incauta el 66% del hachís y el 35% de la cocaína intervenidos en todo el continente, según el Informe Europeo sobre drogas de 2016. Y Cádiz es su vía predilecta, puesto que en esta provincia las fuerzas de seguridad incautan el 40% de toda la droga interceptada a nivel estatal.
Pese a la presión que ejercen los narcos sobre la región, los agentes de la Guardia Civil y la Policía denuncian que el Gobierno no les facilita los recursos necesarios para hacerle frente. La ausencia de instalaciones para custodiar los vehículos de la droga correctamente se suma a otras situaciones como la inexistencia de medios para requisar y custodiar, por ejemplo, sus lanchas ultra-rápidas.
La colaboración (voluntaria) de los ayuntamientos es vital para los guardias civiles: "Con nuestros recursos no hay manera"
En la mayoría de ocasiones son los ayuntamientos de la zona los que prestan apoyo a las fuerzas de seguridad con estas embarcaciones "cuando no deberían", asevera el guardia civil Cobo. "A ellos les cuesta dinero. Si no fuera por la colaboración de muchos ayuntamientos habría muchas cosas que no se podrían hacer porque con nuestros recursos no hay manera", alerta.
La situación llega a un extremo de que incluso los gruístas de la zona desconfían de prestar sus servicios al Instituto Armado debido a los retrasos en el pago de facturas por parte del Ministerio del Interior.
Policías y guardias civiles protestaron por esta situación el pasado jueves en una manifestación en La Línea. Pidieron al Gobierno una inversión que les permita contrarrestar los recursos que es capaz de movilizar el narco en su intento de introducir droga en España. De momento no ha habido respuesta. "Ni se espera", confiesa Cobo: "En las reuniones son todo son buenas palabras, nos dicen que destinarán más recursos a la zona. Pero sin convocatoria de nuevas plazas es solo un movimiento de peones por las casillas, se desguarecerán otras zonas".
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