Reducción del abandono escolar, eficiencia económica y reducción del paro juvenil. Estos son los tres pilares en los que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sustenta los argumentos para defender la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que este jueves fue aprobada en el Congreso. Una ley elaborada de espaldas a la comunidad educativa que ha provocado varias huelgas en la enseñanza y hasta tiranteces dentro del partido en el Gobierno.

Pero la Lomce no es sólo lo que cuenta Wert en las ruedas de prensa. Detrás de la reducción del abandono está la creación de nuevos itinerarios que separan a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar e instaura tres reválidas que pueden dejar en el camino a alumnos con dificultades. Detrás de la eficiencia económica está la elevada tasa de repetidores entre Primaria y Secundaria que, según Wert, encarece el sistema en unos "24.000 millones de euros" y que se atajará permitiendo repetir sólo una vez en Secundaria. Y detrás de la reducción del paro juvenil está la nueva Formación Profesional Dual, que promueve los denominados minijobs.

Estos temas se han debatido públicamente en las comisiones de Educación, pero otros continúan ocultos en el ministerio, a pesar de las críticas de sindicatos y oposición.

1. El truco estadístico de la FP 

En la nomenclatura europea, el título de Educación Secundaria superior se llama CINE 3 y consiste en tener un mínimo de 11 años de escolarización y al menos un ciclo cerrado completo de dos años en la parte final de la etapa educativa. Eso es, haber terminado la ESO y luego haber hecho el Bachillerato o la Formación Profesional de grado medio. Hasta ahí, todo bien. Pero con la nueva ley educativa, entrarán dentro del paraguas del CINE 3 los alumnos que hayan terminado la nueva Formación Profesional Básica, un camino alternativo de dos años para los estudiantes de ESO que —tras nueve años de escolarización— obtienen peores resultados. Ese título es una cualificación de primer grado, lo más bajo de todo. "Pero un alumno con FP Básica y al que no van a contratar en ningún sitio, cumple los dos requisitos para ser CINE 3. Por lo tanto, a efectos estadísticos, tiene la misma consideración que un bachiller o un titulado en FP de grado medio", explicaba a Público recientemente el portavoz socialista en la Comisión de Educación en el Congreso, Mario Bedera. De este modo, sobre el papel, aumentará el número de alumnos CINE 3 y, por tanto, se reducirá —aparentemente— el abandono escolar.

Por otra parte, y a pesar del empeño del ministro en "dignificar la Formación Profesional", como suele decir, este tipo de enseñanza —junto con la Educación Secundaria y las Escuelas de Idiomas— ha visto recortado su presupuesto en un 7% para 2014. Además, sindicatos y asociaciones han denunciado ya que miles de alumnos se van a quedar sin plaza para acceder a un ciclo formativo de Grado Medio o Superior. En Madrid, se calcula que los damnificados serán entre 18.000 y 22.000 jóvenes. 

2. La cara oculta de las reválidas

La Lomce incorpora tres evaluaciones externas a nivel estatal al final de cada etapa educativa: después de Primaria, de la ESO (el examen será distinto si se quiere hacer Bachillerato o FP y sólo podrán presentarse los alumnos que hayan suspendido hasta dos asignaturas de 4º) y, por último, de Bachillerato. La primera prueba no condicionará si los alumnos repiten o no, pero las dos siguientes sí serán reválidas. Expertos y sindicatos han criticado esta medida, que se eliminó del sistema educativo en los años setenta, porque puede provocar que algunos alumnos —por culpa de un mal año— salgan del sistema y no tengan forma de volver a entrar en él. Además, podrán ser profesores de centros privados los que corrijan estas reválidas, según publicó recientemente el diario El País. El Consejo de Estado ya reprochó al Ejecutivo que la ley "no dice" si la corrección de las reválidas "se va a ejecutar por profesores del sistema público, por profesores contratados o por empresas privadas". Meses después, una enmienda del PP resolvió la duda, de manera que se permitirá dejar en manos de agentes externos un trabajo que, hasta ahora, estaba reservado a funcionarios docentes. Para los sindicatos, esta medida atenta contra la "objetividad y la independencia" que, hasta el momento, tenían las evaluaciones. 

Otra rendija por la que se cuela la privatización del sistema educativo es la contratación de profesores nativos para lenguas extranjeras. Los sindicatos denuncian que son contratados "sin negociación colectiva ni convenio", lo que supone una "discriminación en cuanto a la forma de acceso de los profesores nacionales, que deben presentarse a oposiciones y cumplir unos requisitos, mientras que los candidatos extranjeros se contratan a dedo", criticó recientemente CCOO, que ha denunciado el caso a la Comisión Europea.

3. Los líos con las lenguas

Desde el inicio de la creación de la Lomce, uno de los debates más encarnizados entre consejeros de Educación autonómicos y el ministro ha sido el del respeto a las lenguas cooficiales, especialmente, en el caso catalán. La normativa, como ya ha reconocido Wert en varias ocasiones, está hecha a medida para Catalunya. En principio, la ley obligaba a las comunidades a financiar la escuela privada de aquellos padres que deseen escolarizar a sus hijos con el castellano como lengua vehicular. Y meses después de dar el visto bueno a esta cuestión, el PP aprobó una enmienda transaccional de UPyD en la que se modifica el texto para endurecerlo todavía más. 

"Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano es la lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable", reza la Disposición Adicional 38 de la Lomce.

La titular catalana de Educación, Irene Rigau, se quejó en la última Conferencia Sectorial por esta cuestión y defendió que el futuro de la política educativa de su comunidad está ligada, de manera importante, al de su política lingüística. Wert, en cambio, negó que se hubiera endurecido su ataque al catalán.

Pero en la segunda parte de la enmienda pactada con UPyD se añade: "Las Administraciones educativas podrán, asimismo, establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en lengua castellana, en la lengua cooficial o en alguna lengua extranjera, siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable". Todo ello, cuestiones incompatibles con un modelo de inmersión lingüística, como el de Catalunya o el recientemente modificado en Balears, que consigue que sus alumnos obtengan buenos resultados en los informes internacionales, aunque den la mayor parte de las asignaturas en catalán. 

4. ¿De dónde saldrá el dinero para implantar la ley Wert?

408 millones de euros de costes directos de implantación abonados por el Gobierno central y entre 50 y 927 millones que deberán aportar los Ejecutivos regionales en concepto de gastos de consolidación del nuevo sistema. Este es el precio que el ministerio y las comunidades tendrán que pagar para instaurar la Lomce en un plazo de dos cursos (tres años naturales) desde que la Lomce entre en vigor. De la parte respectiva al Gobierno, el primer año aportaría casi 23 millones de euros; el segundo, 130 millones; y el tercero, 255.

Una vez más, fue la consellera catalana, Irene Rigau, la primera en dudar de que la memoria económica que acompaña a la ley sea viable, especialmente, si se tiene en cuenta que hay que cumplir los objetivos de déficit. Pero, además, todo está previsto para que la Lomce sea aprobada definitivamente a finales de noviembre, por lo que en 2014-2015 ya debería comenzar su implantación en las escuelas españolas. Es decir, que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 tendrían que englobar recursos para dicho fin. Pero no es así. En el documento no existe textualmente ninguna partida destinada a instaurar la Lomce como tal [ver pdf, aquí]. Así lo denunció a Efe la Federación de Educación de CCOO, que considera que "los presupuestos ponen en evidencia al ministerio, puesto que confirma que la Lomce carece de financiación que impulse las medidas contempladas en ella".

No obstante, la número dos del ministerio, Montserrat Gomendio, aseguró el pasado lunes en el Congreso, que de los 2.150 millones presupuestados para Educación, 8,9 millones son para la Lomce. En concreto, añadió, estarán destinados a "formación de profesorado y acciones de calidad  y desarrollo de recursos didácticos por competencias".

Sea como sea, desde el primer momento Wert dejó en manos de la Unión Europea parte de la financiación de su reforma. El Gobierno intentará que el Fondo Social Europeo financie la mitad del gasto de implantación de la Lomce, según explicó el ministro en la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros del pasado 17 de mayo. Desde Bruselas, la comisaria de Educación, Androula Vassiliou respondió ratificando que la ley necesita "importantes recursos presupuestarios tanto nacionales como regionales" y exigió al Ejecutivo de Mariano Rajoy que, para negociar con Europa, España tiene que destinar recursos a medidas destinadas a luchar contra el abandono escolar prematuro y a la formación continua.