El próximo mes podría servir para encarrilar uno de los mayores quebraderos de las eléctricas y del Gobierno: el déficit de tarifa, resultado de la diferencia entre lo que se paga por las actividades reguladas de este negocio (transporte, distribución y subvenciones a las renovables) y su coste real. El próximo jueves, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podría aprobar el folleto del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (Fade), supervisado por los ministerios de Economía e Industria y creado ex profeso para colocar el déficit entre grandes inversores institucionales (fondos de pensiones, hedge funds, aseguradoras y bancos).

El agujero del déficit eléctrico (el total acumulado desde 2001 supera los 14.600 millones de euros) es polémico. Es una figura que cuestionan, por ejemplo, las organizaciones de consumidores, que desconfían del poder de mercado de las eléctricas. Pero está reconocida por ley, por lo que las empresas tienen derecho a cobrar esa suma.

A la puja acudirán grandes inversores, como fondos, hedge funds' y bancos

Mientras no lo hacen, las compañías se apuntan el déficit en su balance como deuda, con el consiguiente coste de financiación. Y no es poco dinero: equivale al coste total del sistema eléctrico durante un año. El mayor acreedor, por su posición monopolista en los dos archipiélagos y en Ceuta y Melilla (con los sistemas más deficitarios), es Endesa (52% del total), seguido de Iberdrola y Gas Natural-Fenosa, aunque estas dos últimas son las más interesadas en que el proceso culmine, ya que de ello dependerá en buena medida que conserven su actual calificación crediticia (rating).

Antes de la crisis financiera que estalló en 2007, el déficit se titulizaba periódicamente entre bancos y cajas: estas entidades entregaban a las eléctricas el dinero de una tacada y convertían la deuda en títulos negociables que revendían a inversores. Estos tenían la garantía de que el dinero se cobraría (con intereses) gracias a que en la factura eléctrica de cada consumidor una pequeña parte se destina a financiar el déficit a 15 años.

Pero la tormenta financiera obligó al Gobierno a dar la garantía y aval del Estado a esa deuda, en vista de que era imposible colocarla. Y ni por esas: la crisis de la deuda soberana, que tuvo su apogeo en mayo pasado, ha obligado a aplazar el proceso hasta ahora.

El gran perjudicado por el déficit es el consumidor de electricidad

Si las condiciones del mercado no varían (no es seguro, dada la actual volatilidad), es previsible que la primera subasta (no va a venderse toda la deuda de una vez, sino en varias operaciones) se haga en noviembre; posiblemente, en la primera quincena, según fuentes al tanto del proceso. El Gobierno aspira a que el déficit pendiente se liquide a lo largo de un año, aunque los analistas ven ese plazo ajustado. La deuda subastada tendrá la rentabilidad del bono español a 10 años, más un diferencial del 0,3% para cubrir costes y un spread adicional en función de la demanda.

El dinero para pagar a los inversores que adquieran esa deuda saldrá del bolsillo del consumidor, ya que el mecanismo sigue siendo el mismo: se sufraga con el recibo.

Al final, el gran perjudicado por el déficit es el usuario, que acaba pagando la luz más cara (aunque no lo sepa) y que, además, no es consciente de su precio real, lo que incentiva el derroche energético.