La defensa del presidente de Telefónica, César Alierta, ha pedido hoy que se anulen las actuaciones seguidas contra el directivo en el caso Tabacalera por no existir ni agraviados ni perjuicio a los intereses generales y ha solicitado que se sobresea el proceso por haber prescrito los supuestos delitos cometidos.

Así lo ha planteado el letrado Horacio Oliva durante el trámite de cuestiones previas al inicio del juicio oral que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid contra Alierta y su sobrino Luis Javier Plácer, a los que se les acusa de haber obtenido una ganancia de 1,86 millones de euros por la venta de acciones de Tabacalera en 1997 usando presuntamente información privilegiada en beneficio propio.

De la causa se retiró ayer la única acusación popular, AUGE, que fue quien presentó la querella inicial en 2002 contra el presidente de Telefónica, con lo que sólo mantiene la acusación la Fiscalía Anticorrupción, que pide cuatro años y medio de prisión para Alierta y cuatro años de cárcel para su sobrino.

Durante las cuestiones previas, la defensa de Alierta sostuvo que se podría vulnerar la tutela judicial efectiva del presidente de Telefónica y máximo responsable de Tabacalera en 1997, dado que el delito del que se le acusa sólo puede ser perseguido si existe una pluralidad de agraviados y "en casos específicos" por el Ministerio Fiscal si, por ejemplo, afecta a los intereses generales.

"¿Dónde está el agraviado? No existe", señaló Horacio Oliva en relación a la retirada de la acusación popular AUGE y ha añadido que, tras esa decisión, "no existe pluralidad de afectados porque el único perjudicado sería la sociedad y no existe atentado contra los intereses generales porque esto no tiene entidad para ocasionar un perjuicio económico" a la sociedad.

Además, ha insistido en que "los intereses del mercado financiero no se vieron afectados en absoluto por este hecho"

En consecuencia, el letrado defensor ha insistido en que el Ministerio Público, representado por Alejandro Luzón, "no tiene capacidad acusatoria porque no existe pluralidad de perjudicados" ni grave daño para los intereses generales, por lo que ha pedido la anulación de las actuaciones.

En el caso de que la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid rechazara ese argumento, la defensa de Alierta ha pedido que se sobresea el procedimiento por estar prescrito el delito de uso de información privilegiada del que se le acusa.

Horacio Oliva ha insistido en que no existe el delito de uso de información privilegiada en su modalidad agravada porque la conducta del presidente de Telefónica no ha causado un "grave daño a los intereses generales", como argumenta el Ministerio Fiscal, que justifica que tendría efectos de falta de confianza en el mercado y falta de igualdad de oportunidades.

La modalidad agravada del delito de uso de información privilegiada tiene un plazo de prescripción de diez años, que se limita a cinco años en el caso de que no exista esa modalidad.

Por ello, el letrado Horacio Oliva ha defendido que el delito que supuestamente cometieron Alierta y su sobrino estaría prescrito cuando AUGE presentó su querella, en noviembre de 2002.

"Este proceso pende de un hilo muy fino que es el tipo agravado de afectación a los intereses generales. Pero es como las fichas de dominó. Si esto falla, se viene abajo todo el procedimiento", ha argumentado Horacio Oliva.