El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y sus homólogos de cinco autonomías han subrayado hoy la necesidad de abordar los casos de acoso escolar en el ámbito de lo privado sin darles publicidad, ante el convencimiento de que es contraproducente generar un clima de alarma social que creen, además, infundado.

Los titulares de la institución del Defensor de Pueblo de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Andalucía y La Rioja, además de Enrique Múgica, han abordado en Barcelona la problemática de la violencia en las aulas en una sesión de trabajo en el marco de la celebración de unas Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo.

El análisis de las estrategias para luchar contra el fenómeno del acoso escolar ha entrado en la agenda de estas jornadas, que se celebran anualmente desde hace 22 años, ante la evidencia de que cada vez llegan más quejas sobre ello a las oficinas del Defensor del Pueblo y de sus homólogos, y la constatación de que crece también la preocupación de los docentes por esta cuestión.

La Defensora del Pueblo de La Rioja, María Bueyo, que ha presentado la mesa redonda, ha asegurado, en declaraciones a Efe, que ella y sus homólogos han constatado que los casos de acoso escolar en España son "un tema puntual", que no existe, por tanto, "ninguna guerra en las aulas", y que no se debe generar alarma social sobre esta cuestión.

"La indisciplina y los problemas puntuales en el aula han existido siempre y ha habido casos que, en efecto, han derivado en verdaderos problemas, pero hay que ser prudentes y entender que ahora se conocen más episodios de violencia porque existen más mecanismos de protección y se difunden más", ha señalado.

En esta línea los defensores han coincidido en la importancia de tratar de resolver los acosos que se producen en el ámbito más próximo posible, normalmente en la misma aula con la participación del tutor, del niño agresor y de la víctima, sin que el caso ni siquiera trascienda más allá.

Bueyo ha defendido además que los Defensores empiecen a actuar como mediadores en estos casos para facilitar la resolución de los conflictos y garantizar la protección de todas las partes, dado que tanto la víctima como el agresor suelen ser menores.

Los defensores de Cataluña (Síndic de Greuges), La Rioja, Comunidad Valenciana (Síndic de Greuges), País Vasco (Ararteko), Andalucía y Galicia (Valedor do Pobo) han intercambiado experiencias sobre sus propios trabajos en este campo para intentar establecer una línea de actuación homogénea.

Entre las recomendaciones que estas instituciones, de manera individualizada, han hecho llegar a sus respectivas comunidades destacan algunas dirigidas a la administración, como pueden ser la creación de vías directas de petición de ayuda, consulta o denuncia, la creación de equipos especializados de convivencia escolar o establecer procedimientos sancionadores más simples.

Los Defensores también han dado recomendaciones a los centros educativos, entre las que se encuentran el rechazo a cualquier forma de maltrato o tolerancia cero, y reforzar el control y la vigilancia en espacios y tiempos no lectivos en las escuelas o institutos.

Algunos titulares de estas instituciones han solicitado además la implicación activa de los medios de comunicación para evitar un tratamiento inadecuado de este fenómeno que lleve a crear alarmismos innecesarios.