La Generalitat Valenciana quería apagar el fuego pero ha añadido más lumbre. El conseller de Solidaritat y Ciutadania, Rafael Blasco, pidió el pasado otoño un informe a la Sindicatura de Comptes (Tribunal de Cuentas valenciano) sobre la millonaria subvención que su departamento otorgó a una ONG, la fundación Cyes, para intentar despejar las dudas que pesan sobre el uso del dinero, ya que la fundación compró dos pisos en Valencia después de recibir la subvención, y sin que conste en sus contabilidad otro ingreso sustancial de capital.

El informe, conocido el lunes, lejos de dar la razón al conseller, muestra que hay 1,1 millones de euros de la subvención que no están justificados suficientemente. La Conselleria aportó a la Sindicatura facturas de la ONG que muestran que el dinero se gastó en fines lícitos y no en la compra de pisos. El departamento de Blasco afirma que rechazó la pretensión de Cyes de comprar los inmuebles, y así lo reconoce la Sindicatura, y pidió a la ONG que reformulara el proyecto y aportara otras justificaciones para lograr la subvención. El problema es que ahora los auditores no ven suficientemente creíbles las facturas aportadas por la ONG.

El informe, además, reprocha a la Conselleria que no comprobara suficientemente "los requisitos de experiencia previa" que la ONG debía aportar. Blasco llegó a asegurar que si se detectaba alguna irregularidad en las cuentas, dimitiría. Ayer, fuentes de su departamento insistieron en que la Sindicatura sólo pide que se "complete" documentación, pero no señala irregularidades. También afirmaron que las justificaciones de pagos aportadas se ajustan a la normativa vigente.