¿Detectives privados de oficio?

La Policía elaborará un estudio para valorar la viabilidad legal de la creación de la figura del detective privado de oficio para los casos de violencia de género, una iniciativa que la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (Apdpe) quiere poner en marcha a partir de octubre. La Unidad Central de Seguridad Privada, que depende de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, será la encargada de elaborar el informe, según señalaron a Público fuentes policiales.

Hace una semana, la asociación anunció su intención de prestar sus servicios de forma gratuita para reunir pruebas en los casos de quebrantamiento de las órdenes de alejamiento y de las pensiones alimenticias. "Hay muchos casos que no se pueden demostrar antes los jueces por falta de pruebas", explica el presidente de la asociación, Julio Gútiez. Así que el objetivo es reunir todo tipo de material para que la víctima pueda entregarlo al juzgado. Creen que puede ser una herramienta más para luchar contra la violencia de género.

No se contempla

Fuentes del Ministerio de Igualdad señalan que "de momento no se contemplan medidas de este tipo". Aunque la Unidad Central, encargada entre otros cometidos, de autorizar, habilitar y realizar un seguimiento del funcionamiento de la seguridad privada, realizará un informe para comprobar si la propuesta de la asociación tiene cabida dentro de la Ley de Seguridad Privada. El estudio no estará listo por lo menos hasta dentro de un mes.

En la asociación dan por hecho la viabilidad de la figura y ya están trabajando en la manera de ponerla en marcha. Para ello, según señala Gútiez, crearán una comisión que estudie todas las solicitudes recibidas. "Será requisito imprescindible que las solicitantes no tengan recursos económicos y que, sobre todo, sus casos estén en manos de un abogado de turno de oficio", aclara el presidente de la asociación.

Posibles subvenciones

De momento, el proyecto se financiará con patrocinadores privados, señala el presidente de la asociación. Pero la Apdpe, que representa al 75% de los profesionales acreditados en toda España, tiene intención de solicitar subvenciones tanto a la administración central como a diferentes Comunidades Autónomas.

La intención de la agrupación es que la iniciativa funcione en todo el país. Aunque en un primer momento únicamente lo haría en la Comunidad de Madrid. "Lo ideal es que se ponga en marcha un protocolo de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como con la Justicia, ya que nuestra actuación debe estar dentro del marco legal", explica el presidente de la asociación.

Y añade: "Si por ejemplo estamos reuniendo pruebas y vemos que el agresor está cerca de la víctima, nosotros no podemos actuar y lo que hay que hacer es avisar a la Policía".

Una propuesta a la que le falta concreciónRecelo entre los sindicatos policiales. “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la obligación de garantizar la seguridad y responder ante el Estado y el ciudadano”, responden desde el Sindicato Unificado de Policía. Prefieren, para incrementar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, la creación de unidades integrales con funcionarios profesionales. Desde la Unión Federal de Policía se preguntan sobre la financiación de la iniciativa y sobre la validez ante el juez de las pruebas aportadas por los detectives. Aunque añaden: “Todo lo que sea poner trabas al maltratador bienvenido sea”.  Cada agente de Madrid debe proteger a 25 mujeres. Los cinco sindicatos policiales (Sindicato Unificado de Policía, Confederación Española de Policía, Unión Federal de Policía, Sindicato Profesional de Policía y Sindicato de Comisarios de Policía) denunciaron hace un mes que hay CCAA, como Madrid, donde cada agente tienen a su cargo a 25 mujeres maltratadas. El reglamento dice que, para que la protección sea eficaz, cada agente no debe superar las 12 órdenes. Siete asesinadas tenían orden de protección. Siete de las 41 mujeres asesinadas en lo que va de año tenía una orden de protección en vigor, según datos del Ministerio de Igualdad.