La Policía elaborará un estudio para valorar la viabilidad legal de la creación de la figura del detective privado de oficio para los casos de violencia de género, una iniciativa que la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (Apdpe) quiere poner en marcha a partir de octubre. La Unidad Central de Seguridad Privada, que depende de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, será la encargada de elaborar el informe, según señalaron a Público fuentes policiales.

Hace una semana, la asociación anunció su intención de prestar sus servicios de forma gratuita para reunir pruebas en los casos de quebrantamiento de las órdenes de alejamiento y de las pensiones alimenticias. 'Hay muchos casos que no se pueden demostrar antes los jueces por falta de pruebas', explica el presidente de la asociación, Julio Gútiez. Así que el objetivo es reunir todo tipo de material para que la víctima pueda entregarlo al juzgado. Creen que puede ser una herramienta más para luchar contra la violencia de género.

No se contempla

Fuentes del Ministerio de Igualdad señalan que 'de momento no se contemplan medidas de este tipo'. Aunque la Unidad Central, encargada entre otros cometidos, de autorizar, habilitar y realizar un seguimiento del funcionamiento de la seguridad privada, realizará un informe para comprobar si la propuesta de la asociación tiene cabida dentro de la Ley de Seguridad Privada. El estudio no estará listo por lo menos hasta dentro de un mes.

En la asociación dan por hecho la viabilidad de la figura y ya están trabajando en la manera de ponerla en marcha. Para ello, según señala Gútiez, crearán una comisión que estudie todas las solicitudes recibidas. 'Será requisito imprescindible que las solicitantes no tengan recursos económicos y que, sobre todo, sus casos estén en manos de un abogado de turno de oficio', aclara el presidente de la asociación.

Posibles subvenciones

De momento, el proyecto se financiará con patrocinadores privados, señala el presidente de la asociación. Pero la Apdpe, que representa al 75% de los profesionales acreditados en toda España, tiene intención de solicitar subvenciones tanto a la administración central como a diferentes Comunidades Autónomas.

La intención de la agrupación es que la iniciativa funcione en todo el país. Aunque en un primer momento únicamente lo haría en la Comunidad de Madrid. 'Lo ideal es que se ponga en marcha un protocolo de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como con la Justicia, ya que nuestra actuación debe estar dentro del marco legal', explica el presidente de la asociación.

Y añade: 'Si por ejemplo estamos reuniendo pruebas y vemos que el agresor está cerca de la víctima, nosotros no podemos actuar y lo que hay que hacer es avisar a la Policía'.