Los ayuntamientos coruñeses de Cee, Mazaricos y Fisterra, implicados en la operación Orquesta contra una supuesta trama de corrupción, cuyos alcaldes están detenidos, han recobrado hoy la normalidad tras permanecer ayer totalmente paralizados como consecuencia de los registros judiciales a los que fueron sometidos.

La vicealcaldesa de Cee, la socialista Amancia Trillo, cuyo partido apoya al independiente Ramón Vigo para la gobernabilidad del municipio, ha declarado que ha asumido las responsabilidades de la Alcaldía.

No obstante, ha precisado que el regidor "sigue siendo Ramón Vigo", cuya gestión y honorabilidad ha defendido, y ha señalado que el Ayuntamiento "funciona con normalidad dentro de lo posible".

Trillo ha reiterado que desconoce oficialmente de qué se acusa a los imputados en esta operación y manifiesta que sabe lo que lee en los medios de comunicación.

Está previsto que los ocho pasen a disposición judicial a lo largo de la jornada

Los ocho detenidos este lunes en Galicia en la denominada operación Orquesta por supuestos delitos contra la administración pública tales como tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsificación documental, han comenzado hoy a prestar declaración ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Corcubión.

A las once de la mañana han comenzado a declarar el empresario Daniel Ogando y su hijo, Ramón Ogando. Está previsto que los ocho pasen a disposición judicial a lo largo de la jornada.

Detención sorpresa

La operación Orquesta, coordinada por la Audiencia Nacional y el Juzgado de Corcubión, investiga una supuesta trama de corrupción vinculada a adjudicaciones irregulares de obra pública, en la que la empresa Construcciones Ogando fue la beneficiaria de buena parte de los fondos estatales del Plan E en estos tres municipios.

Asimismo, en la operación podría estar involucrado otro empresario local, Jorge López, vinculado a la contratación de espectáculos musicales e imputado años atrás en una operación contra el narcotráfico.

Los agentes practicaron ayer registros en el interior de las tres casas consistoriales en busca de documentación, mientras los alcaldes permanecieron retenidos, así como otros en viviendas particulares y en negocios de la comarca de la Costa da Morte.