Las autoridades españolas han defendido su derecho a decidir sobre el caso de Alejandro Valverde ante la petición del Comité Olímpico Italiano de que se le sancione con dos años por su vínculo con el escándalo de dopaje de la "operación Puerto".

El fiscal antidopaje del Comité Olímpico Italiano (CONI) pidió el miércoles una pena internacional de dos años para el ciclista español, alegando que la muestra de sangre de Valverde en un control antidopaje cuando el Tour de Francia entró en Italia el año pasado coincide con la encontrada en unas bolsas con nombres codificados de la investigación Puerto, que se abrió en 2006.

La Federación Española de ciclismo (RFEC) dijo que respeta las conclusiones del CONI pero que hará su propia investigación a través del sistema legislativo español y las reglas internacionales sobre dopaje.

"La RFEC (...) tiene solicitadas ante el juez instructor, las pruebas precisas (de la "operación Puerto") para poder incoar, en su caso, los expedientes disciplinarios correspondientes, de acuerdo al ordenamiento jurídico español y dentro del más absoluto respeto a nuestro Estado de Derecho, estando en la actualidad, a la espera de la resolución judicial correspondiente", dijo la Federación en un comunicado.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) apoyó la postura de la Federación, alegando que puesto que la "operación Puerto" fue ordenada por un juez español, tiene que ser la ley española la que se aplique a la hora de establecer las sanciones correspondientes.

"La RFEC (de acuerdo con el CSD) solicitó nuevamente el 23 de febrero de 2009 la obtención de todas las pruebas en poder del juzgado para iniciar los correspondientes expedientes administrativos, puesto que éste es el organismo competente para imponer las sanciones disciplinarias en los casos de dopaje", dijo el CSD en un comunicado.

SALUD PÚBLICA

El ciclista de Caisse D'Epargne ha reiterado que es inocente y se ha cuestionado la capacidad del CONI de decidir en este asunto.

La "operación Puerto" salió a la luz después tras unas redadas hechas en mayo de 2006 en Madrid y Zaragoza, en las que la policía encontró una gran cantidad de anabolizantes, equipos de laboratorio utilizados para hacer transfusiones de sangre y más de 200 bolsas con nombres codificados, algunas de las cuales fueron relacionadas con ciclistas importantes.

La investigación española se ha archivado un par de veces sin que se hayan presentado cargos, ya que el juez concluyó que las pruebas eran insuficientes para hacer una acusación y que la único delito relevante era haber puesto en peligro la salud pública.

El dopaje no estaba penalizado en la ley española cuando se presentaron los cargos en mayo de 2006. El caso se reabrió en enero.