“Un hombre-una celda”. Ese es el objetivo que se ha fijado la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP). Idéntico reto se planteó el PSOE en 2004, “cuando llegó el poder, pero esa máxima no se está cumpliendo”, señala Valentín Aguilar, responsable de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. ¿Qué ha sido de esa promesa estrella, exigida por la Ley General Penitenciaria?

Las 4.200 nuevas plazas en centros penitenciarios que se crearán a lo largo de 2008 pretenden paliar el hacinamiento que sufren las prisiones españolas desde hace años. La población reclusa actual supera los 71.000 presos, lo que supone el doble que en 1990. Este aumento es general en casi todos los países europeos. em Bélgica, por ejemplo, los presos también se han duplicado desde los años 80.

El problema en España es que la proporción de personas por celda sigue siendo muy elevada. Concretamente, 1,73, según datos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP). Este hacinamiento “tiene como consecuencia que los funcionarios de prisiones no puedan garantizar las condiciones mínimas de seguridad” ni a los trabajadores ni a los reclusos, aseguraban los sindicatos CSI-CSIF, Acaip, CC.OO y UGT el pasado marzo.

Su grito de denuncia sintonizaba con la protesta de los más de 400 funcionarios de prisiones de la Unión Europea (UE) que se concentraron el 28 de febrero frente al edificio del Consejo de Ministros en Bruselas. Criticaban que en Europa la sobreocupación en las cárceles es del 25 %. España supera, de largo, la media, con un 33 %.

La aglomeración tiene cifras y nombres. El Defensor del Pueblo ha expresado este año su preocupación por la saturación del centro penitenciario de Murcia: la Dirección General de Instituciones Penitenciarias reconoció que la prisión, con una población reclusa de 941 internos (864 hombres y 77 mujeres) tiene 94 celdas ocupadas con tres internos en cada una. El problema se aliviará con la próxima inauguración de Levante I, un centro penitenciario con 1008 celdas, que siguen el “protocolo de Kyoto”, según se promociona en la página web de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SEIP).

Construcciones ‘faraónicas’

El Gobierno prevé abrir hasta 2012 otras 11 cárceles, 30 centros de inserción social y cinco unidades de madre, donde se recluye a las mujeres con sus hijos. Pero no se trata sólo de aumentar las plazas, puesto que los fallos de los viejos centros no se deben sólo a la falta de espacio, sino a su concepto. El nuevo modelo de prisión humanizado choca con el antiguo, en el que muchas instalaciones están obsoletas.

Pese a todo, el responsable de la Asociación Pro Derechos de Andalucía denuncia que “se va hacia un modelo de cárcel faraónica, con celdas compartidas y funcionarios que no se conocen entre sí”. Incluso, se muestra descontento con el modelo de los Centros de Inserción Social (CIS), en los que “se sigue sin poder disfrutar de celdas individuales”.

La falta de espacio y de actividades orientadas a la inserción perjudica el bienestar de los presos. El Defensor del Pueblo ha recibido quejas sobre el hospital psíquico penitenciario de Alicante, uno de los más importantes del país. Un grupo de reclusos denunció que no funcionaba ningún taller ocupacional, no se podía ver la televisión en la mayoría de las celdas y tenían serias dificultades para recibir visitas de sus familiares de otras provincias. La administración penitenciaria negó la falta de talleres y se comprometió a respaldar el resto de demandas.

El informe también recoge que a finales de 2006, se produjo un cierto incremento de la atención de hijos de reclusas de la cárcel de Soto del Real (en la sierra de Madrid) en el servicio de urgencias del Hospital Niño Jesús de la capital. Los bebés que acudían a este centro se encontraban aquejados en su mayor parte de resfriados y enfriamientos por el intenso frío que sufrían en el departamento de madres. Sin embargo, la administración del centro aseguró que estaba bien climatizada y lo catalogó como un brote epidémico.

Los problemas de infraestructuras también afectan al centro de Melilla, construido en una zona poco compactada. Por ello, han aparecido “importantes grietas” y se ha dejado de usar una de las garitas de vigilancia, por “el temor del responsable del centro”.

En Catalunya, según un Informe de 2007 del Síndic de Greuges, se ha llegado a tener la tasa más alta de su historia: 114 internos para cada 100 plazas. Para descongestionar las prisiones, abrió en 2007 Can Brians II, que pronto llegará a su capacidad máxima, 1.500 presos. El centro penitenciario para jóvenes Can Llupià, abierto el año pasado, ya está a pleno rendimiento, informa Lea del Pozo.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, lamentó ayer durante la presentación del informe sobre el funcionamiento de la Justicia Gratuita que todavía exista una veintena de prisiones en las que “no está garantizada” la asistencia jurídica de los internos.