ETA planeó reclamar 12 millones de euros a Mondragón Corporación en 10 años

ETA se planteó reclamar 12 millones de euros en un periodo de diez años a Mondragón Corporación (MCC) dentro de sus operaciones de extorsión, según documentos encontrados al ser arrestados en Francia el 3 de octubre de 2004 los dirigentes de la banda Mikel Albisu y María Soledad Iparraguirre.

El comandante de policía de la Subdirección Antiterrorista (SDAT), Stéphane Durey, explicó hoy ante el Tribunal de lo Criminal de París que juzga a Albisu e Iparraguirre, que esos planes figuraban en uno de los múltiples documentos requisados en la casa rural de Salies de Béarn donde vivía al ser arrestada esta pareja con su hijo.

Durey, que no dio información sobre si tuvo noticia de que esos proyectos se hubieran puesto en práctica, precisó que MCC es una empresa de grandes dimensiones, ante la sorpresa manifestada por uno de los miembros del tribunal de que la organización terrorista le pudiera exigir cantidades tan importantes.

Previamente, el experto antiterrorista había dado cuenta del funcionamiento de las diversas estructuras de ETA que participaban en el chantaje a empresarios del País Vasco y de Navarra, e indicó que las demandas pretendían tener un carácter "racional" respecto a las posibilidades financieras de las compañías extorsionadas.

Contó que, a la vista de un paquete de 144 cartas para reclamar el llamado "impuesto revolucionario" que se encontraron en un vehículo abandonado en Francia por unos etarras en diciembre de 2003, las cifras reclamadas solían situarse en una horquilla de entre 15.000 y 200.000 euros.

Durey puso el acento en que, a partir de los elementos en disposición de la policía, quedó claro que Albisu, alias "Mikel Antza", "Mixa" o "Kala", fue el "jefe político" de ETA desde 1992 y hasta su captura, mientras que su pareja Iparraguirre, "Anboto" o "Baltza", ejerció como "responsable financiera" desde comienzos de 2000.

Esta última -indicó- no sólo se limitaba a controlar y centralizar la contabilidad de todos los aparatos de la organización, sino que "controlaba los recursos" y "se implicaba particularmente en las operaciones de extorsión".

A ese respecto, aludió a un texto en el que "Baltza" pedía que se castigara a un empresario si se confirmaba como sospechaba que había colaborado con la policía porque el mismo día en que pagó a la banda un segundo plazo de 72.000 euros en el suroeste de Francia, a comienzos de 2003, los tres etarras que se llevaron ese dinero fueron detenidos.

Según el análisis del comandante de la SDAT, Iparraguirre desde su puesto de dirigente "daba instrucciones para amplificar y acelerar la entrada de fondos con la extorsión".

Y se refirió a una nota interna de la banda en la que se sostenía que tras el asesinato en agosto de 2000 del responsable de la patronal ADEGI José María Korta, la mayor parte de los empresarios chantajeados "pagaban sin rechistar".

En otra, "Baltza" hablaba de "la gravedad de la situación financiera" por la que atravesaba la organización en 2004.

El fiscal, Jean-François Ricard, hizo alusión a informaciones publicadas en España, según las cuales unas 200.000 personas pueden haberse "exiliado" del País Vasco y Navarra por el clima de amenazas de ETA en las tres últimas décadas.

Los dos acusados, que en primera instancia fueron condenados a 20 años de cárcel como dirigentes de una organización terrorista -delito penado con hasta 30 años- se guardaron sus comentarios sobre la intervención del oficial de la SDAT para mañana, cuando Durey volverá a declarar en una nueva vista.