Los expertos a los que el Gobierno ha encargado un informe sobre el denominado factor de sostenibilidad se han emplazado a volver reunirse la semana que viene para acercar posturas, tras las discrepancias surgidas en torno a la fórmula para actualizar las pensiones, entre otras cuestiones.

Aunque estaba previsto que entregara su informe antes de que acabara este mes, fuentes cercanas al comité que tres de sus doce miembros no están de acuerdo con algunos planteamientos de la mayoría de la comisión; entre ellos, que las pensiones se revaloricen en función de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, frente a la actual fórmula que tiene en cuenta la evolución de los precios.

El catedrático de Economía Aplicada, Santos Ruesga, el licenciado en ciencias económicas y empresariales Miguel Ángel García Díaz y el catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social José Luis Tortuero, cercanos a UGT, CCOO y PSOE, respectivamente, son los que han mostrado su desacuerdo.

La propuesta de la mayoría de la comisión en torno a la actualización de las pensiones está en consonancia con la planteada por el Ejecutivo en un informe que remitió a los partidos políticos en abril. Dicho informe recogía una comparativa de la regulación del factor de sostenibilidad en los países europeos, pero también incluía como "posible propuesta" un nuevo modelo de revalorización de las pensiones, que quedarían congeladas si los ingresos de la Seguridad Social fuesen menores a los gastos.

La legislación vigente establece que las pensiones deberán revalorizarse cada año si el IPC real —se toma el dato de noviembre— supera al previsto por el Gobierno, algo que el Gobierno del PP no ha hecho en las dos ocasiones que ha podido hacerlo.

Respecto al factor de sostenibilidad, el Ejecutivo explica que las variables que deben tenerse en cuenta son la evolución de la esperanza de vida, los índices demográficos y los económicos .

Este factor se introdujo en la reforma de las pensiones del anterior gobierno socialista en 2011, que estableció que a partir de 2027 debe revisarse el sistema de pensiones cada cinco años automáticamente para mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas.

Falta desarrollarlo y establecer los parámetros según los cuales se hará esa revisión quinquenal, para lo cual el Gobierno espera tener el informe de la comisión de expertos que remitirá a los agentes sociales y la Comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo, con quienes espera consensuar la reforma antes de que acabe el año.

Según el Plan Nacional de Reformas remitido en abril a Bruselas, el Gobierno tenía previsto enviar el informe de los expertos al Parlamento antes del 30 de mayo a efectos de que la Comisión de Pacto de Toledo pudiera entre junio y julio elaborar las recomendaciones para una reforma que se aprobaría a lo largo de 2013 y entraría en vigor en 2014.