Los esfuerzos de las ONG y la administración por la prevención frente al VIH o los embarazos no deseados tienen unos enemigos inesperados: las farmacias católicas. Los farmacéuticos que argumentan objeción de conciencia para no vender métodos anticonceptivos son fáciles de identificar en cualquier ciudad española. La ley les ampara al considerar al condón como un producto sanitario en vez de un medicamento. Es uno de los motivos por los que un 16% de jóvenes varones y un 22% de mujeres menores de 30 años ha tenido dificultades para obtener un preservativo en su vida sexual, según la última encuesta del Injuve (Instituto de la Juventud).

Muchos de los boticarios que niegan los anticonceptivos a sus pacientes pertenecen a la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos. Se niegan a vender preservativos porque, según ellos, la fe se lo impide. Es un acto que va en contra de unos de los mandamientos: "No matarás". Esa visión contundente aparece en el último boletín de la asociación. Su presidenta, Esther Fonseca González, considera que "el aborto se ha metido en las farmacias" gracias a la píldora del día después y que es necesario actuar. "No podemos ser cómplices de situaciones contrarias a nuestra profesión, que es curar, pero no matar", dice su editorial.

El Ministerio de Sanidad niega tener competencias para impedir que un farmacéutico imponga su credo religioso al resto de la sociedad a través de un establecimiento privado cuya función es de servicio público. "En cualquier caso, siempre pueden ir a la más cercana", afirman en el Departamento de Bernat Soria. El problema surge en aquellos pueblos pequeños donde todas las farmacias se niega a dispensar la píldora del día después a pesar de que en este caso sí están obligados, al tratarse de un medicamento de prescripción médica obligada.

La regulación de la venta de condones recae sobre los 52 colegios oficiales de farmacéuticos agrupados en un Consejo General. La legislación establece cuáles son las existencias mínimas de productos que una oficina de farmacia debe disponer siempre en su almacén. Ese marco legal permite a los católicos negarse a vender condones. "Están definidos como productos sanitarios, no como medicamentos", advierten desde el Consejo. Sin embargo, algunas comunidades autónomas como Baleares han desarrollado este aspecto de la ley e incluyen en un anexo los productos de obligada presencia en el stock. En el listado aparecen cuatro cajas de preservativos como producto obligado.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) pide que se definan los límites de la objeción de conciencia. "Las farmacias son un servicio público. Si no se venden preservativos se pone en peligro la salud de las personas, son expuestas a las enfermedades de transmisión sexual", critica su presidenta, Carmen Ortiz. "No vender preservativos va contra las libertades democráticas", denuncia. Y recuerda: "Mi libertad termina donde empieza la tuya", informa Vanessa Pi.