Los tres partidos políticos de izquierdas con representación parlamentaria en Andalucía han sellado su primer gran pacto político de la legislatura. En estos tres años de mandato, PSOE, Podemos e IU han firmado juntos muchos proyectos sectoriales, sobre todo en el ámbito de las políticas sociales, pero esta vez su acuerdo tiene un mayor alcance en el tiempo, porque trata de redefinir el Estado de las Autonomías a través de un nuevo modelo de financiación más justo y equitativo que el actual, que garantice la calidad de los servicios públicos en igualdad de condiciones vivan donde vivan: el funcionamiento de los hospitales y de los colegios públicos, el gasto necesario para dependientes y para políticas sociales. De momento, PP y Ciudadanos se han quedado fuera del acuerdo.

Para ello, las tres formaciones progresistas se han puesto de acuerdo en el diagnóstico -cuáles son los déficit de financiación de Andalucía- y en la receta: una forma distinta de repartir los fondos del Estado entre las comunidades que garantice una mayor armonización fiscal y la nivelación total de recursos, evitando ensanchar la grieta entre regiones ricas y pobres. La fórmula consensuada es compleja, pero parte de tres ideas claras: el criterio primordial de distribución será la población (haciendo coincidir población real y ajustada lo máximo posible); la necesidad de aumentar en 16.000 millones de euros los fondos que el Estado reparte entre las regiones; y ampliar la participación de las comunidades en la recaudación del IVA e impuestos especiales, creando además un fondo de sostenibilidad de los servicios públicos para garantizarlos (algo similar a la hucha de las pensiones).

El frente común andaluz en materia de financiación va a cristalizar a las puertas del 28F, Día de Andalucía, dotando a la presidenta Susana Díaz de un potente altavoz para reivindicar las necesidades de esta región ante el Gobierno de Mariano Rajoy, y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este foro se sienta el ministro de Hacienda con sus homólogos en todas las comunidades, aquí se debe debatir y negociar el nuevo modelo de financiación, y Andalucía acudirá con la autoridad que le otorga hablar en nombre de tres fuerzas políticas rivales que han logrado aparcar sus diferencias para tener una posición más sólida en Madrid.

Así lo pensó Díaz hace seis meses, cuando abrió la ronda de consultas con el resto de formaciones políticas en aras de lograr un frente común andaluz que reuniese el consenso de todo el arco parlamentario, similar al que obtuvo la reforma del Estatuto en 2007. Sin embargo, la negociación en el marco del grupo de trabajo que se creó en la Cámara para buscar una mejora de la financiación ha hecho traslucir las profundas diferencias entre izquierdas y derechas en relación al diseño autonómico. En las últimas semanas, el PSOE entendió que un acuerdo que sumase al PP sería “prácticamente imposible” y empezaron a trabajar en otro objetivo: intentar retener dentro del acuerdo a Ciudadanos, su socio fiel de legislatura, y dejar aislado a los populares andaluces, haciendo ver que están más alineados con Rajoy que con Andalucía.

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha afeado a los socialistas que intenten excluirle políticamente y se ha mostrado dispuesto al acuerdo e incluso a negociar los puntos que el PSOE vea necesarios. La principal diferencia que les separa es la suficiencia financiera de las comunidades: los grupos de izquierda reclaman 16.000 millones más para el fondo común, 4.000 millones para Andalucía, mientras que el PP cree que el problema no es que falte dinero, sino que la mala gestión de la Junta.

Ciudadanos, por su parte, no ha ocultado sus diferencias con los modelos fiscales de Podemos e IU, y ha exigido al PSOE que incluya la evaluación de las políticas públicas. La principal diferencia que les separa de sus socios es el principio de ordinalidad (para que la solidaridad interterritorial no altere el ranking de financiación per cápita (como ocurre actualmente). Díaz aún confía en que el partido naranja se sume al acuerdo in extremis, firmando los puntos en común con el resto de fuerzas de izquierdas, y anotando sus discrepancias en un voto particular al documento final. El resultado se dilucidará en las votaciones de la ponencia del grupo de trabajo que se reúne este viernes en el Parlamento andaluz.

“Bloques, división y confrontación”

A la reunión del grupo de trabajo han entrado cinco grupos parlamentarios y han salido dos bloques políticos: los de izquierda y los de derecha. La letrada del Parlamento ha presentado un documento de síntesis que recopila las propuestas de los cinco partidos, pero no ha sido aceptado porque existen profundas contradicciones entre las medidas de unos y otros. Ciudadanos ha intentado posponer la votación y PP ha propuesto que salieran vivos tres propuestas: el documento consensuado entre PSOE, Podemos e IU, más la propuesta de Ciudadanos y la que registró el PP.

Ninguna de las dos sugerencias fue aceptada, y finalmente los tres grupos de izquierdas han sumado su mayoría para sacar adelante su propuesta, que será el documento base para el futuro acuerdo de financiación. Esta división inaugura un nuevo escenario político en Andalucía, hasta ahora inédito: un acuerdo tripartito PSOE-Podemos-IU y un paulatino distanciamiento entre Ciudadanos, hasta ahora socio preferente, y los socialistas, que han pactado juntos y sin sobresaltos los tres primeros años de legislatura.

Con los Presupuestos de 2018 ya aprobados, la presidenta andaluza tiene garantizada la estabilidad política hasta las elecciones de 2019, y desde hoy mismo ha dejado de priorizar la negociación con sus socios del partido de Albert Rivera, para estrenar una aritmética parlamentaria variable en la que empieza a apoyarse en Podemos e IU. Con las urnas a un año vista, los socios de legislatura se repliegan hacia sus posiciones originales, Díaz hacia la izquierda, y Ciudadanos a la derecha, donde espera apoderarse del máximo espacio electoral del PP. La sintonía que han demostrado este viernes los portavoces de PSOE y Podemos es casi marciana, después de haber visto cómo sus líderes chocaban como trenes durante toda la legislatura.

Las dos fuerzas conservadoras han acusado a Susana Díaz de fomentar “una negociación paralela” al margen del grupo de trabajo que se creó hace seis meses para intentar llegar a un consenso de todo el arco parlamentario. El partido naranja ha escenificado su enfado y “decepción” con el PSOE. Les ha acusado de “dejarles de lado” para pactar con “la izquierda extrema” -hasta seis veces han usado esta expresión- y de saltarse el reglamento de la Cámara, pero luego no han votado en contra del documento de la izquierda y han optado por no participar de la votación. Las dos formaciones conservadoras se sienten “excluidas” y reprochan a la presidenta de la Junta que avive “la división, los bloques y la confrontación con el Gobierno central”, en lugar del consenso. Pese al enfado, tanto PP como C’s no han descartado aún sumarse al acuerdo, pero ya tendrá que ser a través de enmiendas al documento de izquierdas aprobado este viernes.

El grupo de trabajo volverá a reunirse el próximo martes, 24 horas antes del Día de Andalucía, y de ahí ya saldrá el acuerdo definitivo. El consenso entre las tres fuerzas de izquierdas ya está garantizado, y la duda es si C’s y PP van a sumarse aportando enmiendas, para posteriormente volcar sus discrepancias en votos particulares separados en la Comisión de Hacienda. El texto final se elevará a Pleno para la votación definitiva el 9 de marzo, aunque es seguro que la presidenta Díaz, así como los líderes de Podemos, Teresa Rodríguez, e IU, Antonio Maíllo, querrán amortizar el acuerdo sobre financiación a las puertas del 28F. Esto explica por qué las fuerzas de izquierda han negociado en paralelo a los partidos conservadores y con tanta premura, para que el consenso se alimente de la resonancia de los fastos del Día de Andalucía.