Sevilla 10 ene (EFE).- El fiscal se ha opuesto hoy a la nulidad del caso por la presunta petición de una comisión de 450.000 euros en Mercasevilla y ha negado que se trate de un "delito provocado" por los empresarios denunciantes.

El magistrado que presidirá el jurado que enjuiciará el caso ha celebrado hoy la vista de las cuestiones previas, en la que los abogados de los cuatro acusados han pedido que se declare nula la grabación que hicieron los empresarios de la reunión donde directivos de Mercasevilla les pidieron una comisión ilegal como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería que se iba a abrir en el mercado.

Además la defensa -apoyada en este aspecto por el abogado que ejerce la acusación particular en nombre del PSOE- ha alegado que los imputados no eran funcionarios públicos, por lo que en todo caso deberían ser juzgados por un tribunal profesional y no un jurado.

A ello han respondido las acusaciones que, pese al carácter mercantil de Mercasevilla, se trata de una empresa con "clara función pública" que manejaba fondos públicos.

En este caso, primero de los cuatro sumarios de Mercasevilla que llega a juicio, están imputados sus exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y la funcionaria María Regla Pereira, única de los cuatro que ha acudido a la vista y se ha sentado en primera fila.

La Fiscalía pide para cada uno de los imputados 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa, el doble de la cantidad presuntamente pedida como soborno.

El abogado de Mellet, José Manuel Carrión, ha pedido el archivo y sobreseimiento porque la grabación hecha por dos empresarios del Grupo La Raza en enero de 2009 es una prueba "viciada de nulidad" ya que el encuentro fue provocado para conseguir de sus interlocutores determinadas afirmaciones.

Según la grabación, los acusados comentaron a sus interlocutores que "en la Junta de Andalucía era normal reclamar este tipo de contribución", que la Junta "colabora con quienes colaboran con ella" y que el dinero debían entregarlo en un maletín "que dejarían olvidado en un despacho".

El fiscal, sin embargo, ha defendido la "plena licitud" de la grabación, que no vulnera el secreto de las comunicaciones y ha negado que se trate de un "delito provocado" porque la iniciativa de la reunión fue de los acusados.

En cuanto a su condición de funcionarios públicos, el fiscal ha afirmado que encajan en el "concepto penal de funcionario", aunque no haya ninguna sentencia que se ajuste "como anillo al dedo" y haya que acudir a las interpretaciones hechas en cada caso.

El letrado de los actuales responsables de Mercasevilla, que ejercen la acusación, ha considerado demostrada la "espontaneidad" de los imputados Mellet y Ponce a la hora de pedir el cohecho, pues "llevaron toda la iniciativa" y no fueron víctima de "ningún tipo de ardid".

El abogado Francisco Baena Bocanegra, defensor de Rivas, se ha referido a lo que ha denominado "una peladilla amarga para el tribunal del jurado" por la dificultad de que se pronuncie sobre cierto tipo de delitos.