El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso considera que las circunstancias que rodearon el cierre de Air Comet podrían ser constitutivas de un delito de estafa cometido contra una generalidad de personas. Y, a su juicio, su investigación corresponde a la Audiencia Nacional. Por eso le ha pedido al juez Santiago Pedraz que admita a trámite la denuncia presentada por una decena de organizaciones de consumidores contra sus propietarios, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio, Gonzalo Pascual.

Fuentes jurídicas señalaron que el magistrado resolverá hoy la petición fiscal, mediante la admisión a trámite o el rechazo de la denuncia interpuesta el pasado 23 de diciembre. Si el juez rechaza la competencia de la Audiencia Nacional para investigar el caso, remitirá las actuaciones a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde se investigan otras casos, como el presunto fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas por Air Comet. El pasado mes de diciembre, la Audiencia Nacional devolvió las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 35 sin contar con el preceptivo informe fiscal.

La denuncia alega que vendió billetes pese a conocer su insolvencia

En un escrito presentado ayer en el Juzgado Central de Instrucción número 1, la Fiscalía, además de mostrarse partidaria de que la Audiencia Nacional asuma la investigación del caso, solicita varias diligencias para determinar si hubo o no delito. La Fiscalía que encabeza Javier Zaragoza entiende que los miles de afectados por el cierre de la aerolínea merecen una respuesta por parte de la Justicia.

De averiguar si la aerolínea de Díaz Ferrán siguió vendiendo billetes "una vez que un juzgado de Londres acordó el cese de su actividad", se encargará la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial. Los agentes deben concretar cuándo dejó de vender billetes Air Comet, qué mecanismo de comercialización utilizaba, la fecha exacta del cese de actividad y "cuantas circunstancias relacionadas con tales hechos sean de interés a los efectos de la investigación". La denuncia presentada en la Audiencia el 23 de diciembre señalaba que Air Comet había estado vendiendo a través de sus oficinas, la red de agencias concertadas y por comercio electrónico "al menos hasta el 18", tres días antes de que se hiciera público el cierre de la aerolínea.

Según la denuncia, presentada por los delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible, la venta de billetes se siguió produciendo "con conocimiento de su situación de manifiesta insolvencia y la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones", según alegan las organizaciones denunciantes, miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios.

La Fiscalía también pide que el Ministerio de Fomento informe al Juzgado de si abrió algún expediente a Air Comet antes de su cese de actividad o si le dirigió alguna comunicación o requerimiento sobre su gestión, su licencia, su forma de comercialización de los billetes o de cualquier otro tipo. Públicamente, el ministerio que dirige José Blanco ya ha explicado que abrió un expediente a la aerolínea el pasado 4 de noviembre ante las dificultades financieras que estaba sufriendo, pero no lo hizo público hasta después de su cierre para no perjudicar a la empresa, que estaba intentando lograr créditos para tapar agujeros por unos 50 millones de euros.

La Policía Judicial deberá investigar cuándo dejó de vender vuelos 

La última petición del fiscal consiste en cursar una comisión rogatoria (solicitud de ayuda judicial entre países) a Reino Unido para conocer la resolución dictada por la Corte Suprema de Londres en la que se ordenó el cese de la actividad de Air Comet por la deuda por 17 millones de euros contraída con el banco alemán Nord Bank.

Según el propio Díaz Ferrán esta denuncia la interpuso el banco en Londres el pasado 14 de diciembre y él conoció la resolución judicial, que obligaba a paralizar la actividad de su empresa, el pasado día 18, cuatro días después.

Uno de los precedentes del caso de Air Comet es el cierre de otra compañía aérea, Air Madrid, que también fue investigada por la Audiencia Nacional, donde se realizaron diligencias. Al determinarse que no había materia penal, el procedimiento quedó circunscrito al Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid.

La denuncia ante la Audiencia Nacional abre ahora un nuevo frente que se suma a los múltiples problemas que ya acosan a Díaz Ferrán. Primero fue el enfrentamiento como líder de la CEOE en su diálogo con los sindicatos y con el Gobierno, que acusó a la patronal de levantarse de la mesa de las negociaciones sobre el Diálogo Social. Posteriormente, Público destapó los múltiples agujeros que acucian a sus empresas, por más de 130 millones de euros. A esto se unió la investigación de Economía sobre la falta de cobertura financiera de su aseguradora, que adelantó también este diario. Ahora se recrudece el frente judicial, ya abierto con el caso Aerolíneas Argentinas en España y en el país austral.