La Fiscalía pide 15 años de prisión para los etarras Cortázar y Merodio

La Fiscalía del Tribunal Especial de lo Criminal de París pidió hoy 15 años de prisión para los presuntos miembros del aparato de extorsión de ETA Aitor Cortázar García y Zígor Merodio Larraona.

En el juicio, que se abrió el pasado lunes, los dos presuntos etarras comparecen imputados por extorsión a empresarios vascos y navarros con el "impuesto revolucionario" de ETA, asociación de malhechores con fines terroristas, tenencia y transporte de armas y otros cargos.

El fiscal Christophe Tessier pidió que los dos acusados cumplan efectivamente al menos dos tercios de las penas que dicte la corte, integrada exclusivamente por magistrados profesionales.

También solicitó que les prohíba definitivamente la estancia en Francia una vez cumplidas las sentencias.

En su requisitoria, Tessier destacó que ETA lleva a cabo "una extorsión de fondos que es masiva, que es generalizada" y dijo también que los documentos incautados "sitúan a Cortázar en la estructura directiva de Gezi", el aparato de extorsión de la banda.

Cortázar, de 38 años, fue detenido el 4 de abril de 2003, tras tratar de eludir un control policial cerca de Burdeos (suroeste francés), y se le incautaron una serie de documentos que, según Tessier, demuestran que era "una persona que participaba en la elaboración de la estrategia del aparato financiero, en la elaboración de la estrategia de extorsión" de ETA.

El representante del Ministerio Público hizo una particular referencia a "cuatro operaciones" de extorsión en las que fueron identificados otros tantos empresarios vascos y navarros chantajeados por la banda.

Tessier señaló que Cortázar "había subido escalafones" en la estructura de extorsión como lo muestra que mientras en 2001 estuvo encargado de recibir 5.200 dólares de los propietarios de un restaurante navarro, dos años más tarde "era quien daba las órdenes" para las operaciones de cobro del impuesto revolucionario.

Merodio, que viajaba con Cortázar el día del arresto de éste, consiguió escapar en esa ocasión con otro etarra y en su huida robó un coche a mano armada y secuestró durante tres horas a la propietaria de otro vehículo, hasta que fue finalmente capturado el 1 junio de 2006, en otro control policial igualmente en Burdeos.

El fiscal reconoció que no se pueden atribuir a Merodio, de 33 años, más que "los elementos genéricos" de la extorsión de fondos que sirven para la acusación contra Cortázar.

Pero puntualizó que eso no quita nada a la posición que ocupaba Merodio en el aparato financiero de ETA.

El fiscal justificó la misma petición de pena para Merodio que para su compañero por la implicación del primero en "un secuestro y un robo con armas", que conmocionaron a sus víctimas.

Tessier hizo hincapié en que "el aparato financiero es un elemento indispensable (para ETA) que conduce al balance de 823 muertos y miles de heridos".

Al respecto recordó que según documentos intervenidos a la organización terrorista, ésta había conseguido recaudar, gracias a la extorsión de fondos, más de 1,7 millones de euros en 2001 y más de 1,6 millones en 2002.

Tras el alegato de su abogada defensora, que denunció que el proceso había sido "una máscara jurídica para esconder una voluntad de represión" de sus clientes por ser miembros de ETA, ambos tomaron la palabra para reclamar una "solución al conflicto vasco".

Merodio, que calificó a la corte de "tribunal de excepción", descalificó al fiscal por considerar que "sólo ha hablado de una parte de la violencia".

El etarra afirmó que no se conseguirá poner fin al "conflicto vasco" ni condenándolos a ellos a quince años, ni "con detenciones del estilo de esta mañana", en alusión al arresto anoche del considerado "número uno" de ETA, Javier López Peña, "Thierry", junto a otros tres presuntos integrantes del aparato político de la banda.

"La solución -añadió- se encuentra en los derechos de la ONU y se llama derecho de autodeterminación".

Cortázar, por su parte, "en nombre de la democracia" reclamó "una solución al conflicto", tras lamentar que "el País Vasco no esté reconocido como pueblo, ni por Francia ni por España".