El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se ha comprometido con los sindicatos a pagar las mensualidades que deben las empresas agroalimentarias del entramado de Nueva Rumasa a sus empleados, una cantidad que los representantes de los trabajadores elevan a más de tres millones de euros.

Es un rayo de luz para la complicada situación de las plantillas del grupo de la familia Ruiz-Mateos, algunos de los cuales han recibido ya avisos de bancos y compañías eléctricas por las dificultades para atender sus pagos. Pero no será inmediato para todos. Fuentes sindicales explicaron ayer a este periódico que tienen que darse aún pasos previos para que el Fogasa pueda asumir el pago y convertirse en acreedor de Nueva Rumasa, subrogándose a la deuda de esta con las plantillas.

La situación no es la misma para los trabajadores de las empresas que ya han presentado solicitud de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), como es el caso de Dhul y Carcesa (este último presentado ayer), que para las que están aún en preconcurso, primera opción elegida por los Ruiz-Mateos en un intento de ganar tiempo para renegociar sus deudas, que en el caso de la banca superan los 700 millones de euros.

Las plantillas de Dhul y Carcesa serán las primeras en cobrar del Fogasa. Para el resto (salvo las que entren también en concurso, como se espera que ocurra de forma inminente con Clesa y Cacaolat) será necesario, en primer lugar, conciliar la deuda de cada compañía con sus trabajadores. En principio, dicha deuda no alcanzaría, en ningún caso, las cinco mensualidades que ha fijado como máximo el Fogasa, sino que, por lo general, se sitúa en torno a tres mensualidades pendientes y, en algunos casos, alguna paga extraordinaria.

El siguiente paso es acudir al juzgado para que declare la existencia de una situación de insolvencia de hecho de la compañía. "Es necesario que los jueces colaboren en este paso", comentaban ayer las citadas fuentes, porque para ser beneficiario del Fogasa la compañía debe ser insolvente.

Superados estos pasos, según los sindicatos, el secretario general del Fogasa, Juan Pedro Serrano, se ha comprometido a asumir la deuda de todas las compañías de Nueva Rumasa afectadas por los impagos a los trabajadores.

A la plantilla de Carcesa (fabricante de Fruco y Apis) le allanaron ayer el camino con la presentación del concurso de acreedores ante el juzgado número 1 de Badajoz. La compañía tiene tres fábricas en Extremadura y más de 300 empleados. Nueva Rumasa presentó en primer lugar el concurso de Dhul en los juzgados de Granada y el juez, pese a ser concurso voluntario, decidió apartar a los Ruiz-Mateos de la gestión, decisión que estos han recurrido.

Por otro lado, los 174 trabajadores de Royne (compañía incluida actualmente en el grupo Clesa) pactaron ayer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal para sus trabajadores.

Los sindicatos esperan sellar el acuerdo con la empresa para presentar el ERE a la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid hoy mismo. En el acuerdo se ha decidido incluir en el expediente al centenar de trabajadores fijos discontinuos (en su mayoría mujeres). Su situación es especialmente delicada porque no han sido llamados en enero para la campaña del helado de 2011, hecho que han denunciado ya individualmente en los juzgados como despido improcedente.