El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, ha afirmado este martes que el Gobierno catalán "descarta el 'fracking' como tecnología aplicable en el territorio catalán", y ha avanzado que llevará a cabo diversas modificaciones normativas para impedir que se utilice esta técnica en Catalunya.

Lo ha dicho en el Parlamento catalán en la comisión de estudio sobre la extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica -más conocida como 'fracking'-, en la que ha constatado que las únicas solicitudes que actualmente siguen abiertas están en manos del Ministerio de Industria, ya que afectan a municipios catalanes y aragoneses.

Ha explicado que el Gobierno catalán enviará una carta al Ministerio para pedir que no autorice estas actividades, solicitadas por una sola empresa, "por lo menos las que afectan al territorio catalán", y ha avanzado que la Generalitat presentará un recurso si el Gobierno finalmente las autoriza.

Además, ha explicado que la Consejería ha acordado incorporar las actividades de investigación de hidrocarburos en la ley de prevención y control de actividades, por lo que deberán someterse a autorización previa de la Generalitat, lo que Puig ha augurado que disuadirá nuevas solicitudes debido a los requerimientos previos que se exigirán. También ha avanzado que la Generalitat prevé modificar "una normativa de más calado", seguramente la de urbanismo, para que estas actividades no sean autorizables.

Puig ha argumentado que el rechazo del Gobierno catalán a esta técnica se explica por la escasez de estos recursos en Catalunya, el impacto ambiental y los costes que se derivarían de su exploración y posible explotación, la inexistencia de beneficios energéticos y los elevados costes ambientales y sociales que acarrearía.

Ha reiterado que las únicas formaciones geológicas útiles están en los Pirineos, y su extensión, potencia y contenido de la materia orgánica son muy inferiores a los que garantizarían su viabilidad económica. Ha señalado que el Gobierno catalán no cree que fuera rentable teniendo en cuenta los costes de medidas para minimizar o compensar el impacto medioambiental que tendría esta actividad.

También ha hecho hincapié en que el debate sobre el 'fracking' ha puesto de manifiesto la "debilidad competencial" de la Generalitat en el ámbito energético, ya que solo tiene poder de decisión para dar permisos de investigación en solicitudes que se desarrollen íntegramente dentro de Catalunya, y ha afirmado que trabajará para aumentar sus competencias.