El vicepresidente y portavoz de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, ha respondido a las críticas recibidas por el proyecto de Ley de Integración y ha insistido en que aún está en "fase de debate", aunque su impulsor, el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha admitido que no firmar el contrato supondrá tener "dificultades de integración".

Ambos cargos de la Generalitat han respondido así ante la polémica suscitada por el anuncio que Blasco hizo ayer acerca de que la futura Ley contemplará un compromiso de integración por el que los inmigrantes deberán asumir "el modelo de convivencia y la escala de valores" valencianos.

El debate alrededor del contrato de integración ha venido marcado hoy por las declaraciones de Rambla que, ante el aluvión de reacciones, ha puntualizado que la Ley se encuentra en una fase de estudio y debate por parte de los colectivos implicados.

Este intento de restar relevancia al anuncio de Blasco no ha frenado las posiciones en contra de la medida que han visto un nuevo argumento a su favor con la declaración del conseller de que los inmigrantes que no suscriban el contrato "van a tener dificultades" para integrarse en la sociedad valenciana, aunque la Generalitat no adoptará "ningún tipo de medida" contra ellos porque "los Derechos Humanos son irrenunciables".

El proyecto de Blasco ha generado división de opiniones entre los colectivos de inmigrantes aunque los partidos de la oposición han tenido una respuesta unánime en contra de esta medida que, entre otros aspectos, resulta "inútil" porque el ejecutivo valenciano no tiene competencias en materia de extranjería "y no puede exigir lo que no está en las leyes", según ha explicado el portavoz del PSPV, Ángel Luna.

La diputada de EUPV en Les Corts Gloria Marcos, además, ha exigido la comparecencia del conseller en la cámara autonómica con el fin de que explique en qué consiste, concretamente, el contrato de integración que pretende incluir en la citada Ley.

De hecho, la falta de concreción en el anuncio realizado por Blasco ha generado cierta "comprensión" a la hora de asumir esta medida por parte de colectivos de inmigrantes como la Asociación Rumana de Castellón, la Asociación de Inmigrantes de los Países del Este y la Asociación Senegalesa de Valencia.

Estas organizaciones han considerado "positivo y normal" el hecho de asumir el compromiso de integración que contemplará la futura Ley de Integración del Inmigrante de la Generalitat y se han mostrado a favor, siempre y cuando, según la asociación senegalesa, "garantice los derechos de los inmigrantes".

Pero, frente a la aceptación y críticas moderadas, el anuncio ha recibido acusaciones de "alentar el odio, el racismo y la xenofobia" por la portavoz del grupo de Compromís en Les Corts Mónica Oltra quien ha recordado al Consell que el "contrato social de todos los ciudadanos son las leyes".

El fomento del racismo también ha sido el argumento esgrimido por la Mesa de Entidades de Solidaridad con los inmigrantes para censurar el contrato de integración que ha calificado de "discriminatorio", el mismo adjetivo que ha empleado el director del Observatorio para la Inmigración de la Universidad de Alicante, Carlos Gómez Gil.

El sociólogo ha asegurado que la futura Ley de Integración valenciana trata de ocultar la "ausencia de políticas de integración social" en la Comunitat y ha considerado que el carácter voluntario y sin efectos jurídicos de la propuesta demuestra que "lo único que intenta es mantener la crispación con el Gobierno central en materia migratoria".