El Gobierno "está estudiando" la posibilidad de implantar el copago sanitario en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Es decir, que el paciente costee una parte de los servicios sanitarios que recibe, más allá de la financiación indirecta que aporta a través de sus impuestos o del precio que ya paga por los medicamentos subvencionados.

El anuncio lo hizo ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que hasta ahora se había mostrado contraria a esta medida. No obstante, Jiménez precisó que "hay dudas lo suficientemente amplias" sobre la conveniencia de esta fórmula como para que el ministerio opte por ella "en este momento".

Jiménez insistió en desvincular este tema con el plan de ajuste económico anunciado por el Gobierno para combatir la crisis económica. En cambio, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, admitió ayer que el Gobierno se planteó incluir el copago en el real decreto de reducción del déficit aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, aunque finalmente rechazó la posibilidad.

El mensaje reaviva un debate que cuenta con la oposición de sindicatos, partidos políticos, plataformas a favor de la sanidad pública y buena parte de los ciudadanos, que consideran el copago discriminatorio.

El propio ministerio se oponía hasta ahora. "El copago genera contradicciones. Si lo pones más alto para generar más ingresos, disuades del uso. El riesgo de romper la equidad al disuadir del uso innecesario del sistema es alto, y eso es un coste que no nos podemos permitir", decía a Público en diciembre de 2008 el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos.

La discusión, en cualquier caso, no es nueva. La consellera de Salut catalana, Marina Geli (PSC), ya ha anunciado en varias ocasiones la posibilidad de cobrar a los usuarios por ir al médico. Hace sólo dos semanas, Geli confesó que el copago "ha estado siempre sobre la mesa". Sin embargo, para la consellera "ahora no es hora de introducir nuevos elementos en el debate", informa Lea del Pozo.

La propia Geli anunció en 2004 la posibilidad de que los pacientes pagasen un euro por cada visita médica. Además, encargó a un grupo de expertos que elaborase un documento "para la racionalización y la financiación sanitarias". Una de las propuestas fue que los fármacos se pagaran en función de la renta. Al final, no se llevó a la práctica.

Jiménez insistió en matizar su anuncio y reflejar sus dudas. "¿Qué valor puede tener de cara a aumentar los ingresos y, por tanto, a fortalecer la sostenibilidad? Desde el punto de vista recaudatorio, ¿es significativo lo que aportaría o no?", se preguntó la ministra.

La titular de Sanidad desgranó otros interrogantes "¿a quién se le aplicará?, ¿cómo se le aplica?", y dudó asimismo de si la Administración cuenta con "un sistema informático lo suficientemente desarrollado para poder discriminar entre aquellos que pueden o no pueden" afrontar el copago.

Otra de las dudas del ministerio es saber "cómo afectaría [el copago] a la salud de los ciudadanos". "Entraña un importante coste económico para quienes más usan la sanidad", manifestó Jiménez. Es decir, afectaría sobre todo a "las personas mayores, que son pensionistas y con rentas muy bajas", precisó.

"Creo que [el copago] ha estado en los cajones de todos los ministros que hemos llegado a este ministerio", reiteró la titular de Sanidad. Y recordó, por ejemplo, que "desde hace 20 años es uno de los temas recurrentes" de Sanidad. "Hay un debate demasiado abierto para que este ministerio se proponga adoptar esta decisión" en este momento, concluyó.