El Gobierno ha transformado una sentencia contra los excesos policiales en una medida de gracia en forma de indulto, por el que cinco Mossos d'Esquadra condenados por tortura volverán a vestir el uniforme.

El Consejo de Ministros ha aprobado el indulto de estos cinco agentes condenados por lesiones, tortura, maltrato y detención ilegal, delitos por los que debían cumplir penas de inhabilitación profesional, varios años de prisión y multa, según informan fuentes del Gobierno.

Tras la aprobación del Real Decreto, estos agentes volverán a reintegrarse en el cuerpo de Mossos y recuperarán su condición de funcionarios, ya que a todos se les ha conmutado la pena de inhabilitación —lo que les impediría volver a ejercer— por la de suspensión.

Según la sentencia de 2009 del Tribunal Supremo, los agentes detuvieron por error a Lucian P., un ciudadano de origen rumano, al que confundieron con un atracador y le insultaron, agredieron y amenazaron de muerte. También detuvieron y maltrataron a su novia, embarazada de tres meses.

Sin embargo, hoy el Consejo de Ministros se ha apoyado en una supuesta "información" aportada por el Ministerio del Interior y por la Generalitat de Catalunya, para eximir de las responsabilidades penales de estos cinco agentes.

La información utilizada han sido criterios suficientes para el Gobierno. De la misma sólo se especifica el testimonio de una vecina que estaba en el lugar de los hechos, quien ha declarado que no existió tal maltrato y agresión, lo que se suma a la petición de indulto por parte de los afectados.

Los agentes están obligados a no cometer delito doloso en el plazo de 5 años

De este modo, cuatro de los condenados se librarán de sus penas de prisión. El Consejo deMinistros ha acordado conmutar las penas por "dos años de suspensión para empleo o cargo público, siendo de abono el tiempo que hubiera cumplido de inhabilitación para el cómputo del período de suspensión". También se les conmutan las penas "privativas de libertad por otra única de dos años de prisión", con lo que no tendrán que ir a la cárcel.

Al quinto de los condenados, que tiene seis meses de prisión y además inhabilitación, se le conmuta la pena por una "única pena de dos años de suspensión para empleo o cargo público". Los agentes están obligados a no cometer delito doloso en el plazo de 5 años desde la publicación del Real Decreto.

El asunto de las torturas en España es algo que preocupa a algunas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que lleva varios años denunciando "la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos".