El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha mostrado hoy partidario de no reformar la tramitación de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega como ha pedido la Audiencia Nacional para que las entregas a España de los terroristas se hagan no por cada causa pendiente sino por todos los procedimientos.

En una entrevista con Efe, el ministro de Justicia ha considerado que la euro-orden está funcionando muy bien con su regulación actual y que, por tanto, no hay porqué reformarla.

La Audiencia Nacional pedirá al Ejecutivo esta reforma para evitar casos como el de la etarra Maite Aranalde, que tras ser extraditada por Francia la semana pasada por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al "comando Donosti" de ETA y no por uno de estragos terroristas, fue puesta en libertad bajo fianza de 12.000 euros y posteriormente se dio a la fuga.

Las autoridades francesas "perdieron" la documentación relativa a la presunta participación de Aranalde en la colocación de varias bombas en gasolineras de Madrid en el puente de la Constitución en 2004 y por ello no pudieron entregarla también por esa causa, por la que podría haber sido encarcelada, ya que la Fiscalía habría instado esta medida y se habría evitado su puesta en libertad.

Para el ministro de Justicia, la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) es uno de los mecanismos más eficaces para la cooperación jurídica y judicial con los que cuenta la UE y se trata de un instrumento que "tenemos que cuidar y proteger".

Si ese mecanismo tiene algún tipo de error en su implementación en España debe perfeccionarse -ha opinado Caamaño- pero, en principio, está funcionando de manera "muy eficaz", además de que se trata de una normativa europea y no de un solo Estado.

"Hay que darle más recorrido y tener más experiencia con ella y allí donde pueda existir un problema de puesta en práctica puntual corregirse, pero no tanto tocar la regulación específica de algo que está funcionando bien y muy bien", ha recalcado.

En el caso concreto de la huida de Aranalde, el ministro ha reconocido que hay situaciones que desembocan en "efectos no deseados" como ha sido éste aunque ha considerado que "todos tenemos que aprender cuando estas cosas ocurren".

Si el Derecho fuera muy perfecto y muy claro no harían falta jueces, que tienen que resolver situaciones complejas y difíciles con la información que tienen en cada momento, ha indicado.

Sobre las declaraciones realizadas hoy por el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, respecto a que este asunto debería constituir la primera preocupación del ministro de Justicia, quien tendría que investigar lo ocurrido, Caamaño ha señalado que ese partido debería saber que la responsabilidad no le corresponde al Ministerio sino al CGPJ.

"El respeto a la independencia del Poder Judicial del Estado hace que el ministro de Justicia no deba, ya no solo que no pueda, pronunciarse sobre cuestiones de esa naturaleza", ha concluido Caamaño.