El Gobierno ha anunciado que este viernes que el salario mínimo interprofesional (SMI), el suelo legal que marca el tope mínimo que se puede pagar a un trabajador por una jornada a tiempo completo, subirá sólo un 0,6%, cuando la inflación cerrará este año con un aumento cercano al 3%. Así se lo ha comunicado el Ministerio de Empleo a los sindicatos, a los que envió una carta en la que señala que su propuesta es para la cuantía del SMI se ha fijado en 21,51 euros diarios o 645,30 euros mensuales. En 2012, el salario mínimo permaneció congelado en los 641, siendo la primera vez en 45 años que no se actualizaba.

Esta ligera subida queda lejos de las reclamaciones de los sindicatos, que el pasado 12 de febrero pidieron por carta a la ministra Fátima Báñez que aumentara el SMI con el fin de que las rentas más bajas pudieran recuperar el poder adquisitivo que han perdido desde que comenzó la crisis. Según CCOO y UGT, el salario mínimo ha perdido 4,6 puntos de poder adquisitivo desde 2010. Como era de esperar, las críticas sindicales no han tardado en aparecer. "Estamos ante una medida que demuestra una vez más la insensibilidad del Gobierno a la hora de afrontar la crisis" porque "carga" los ajustes sobre los más débiles y favorece a los poderosos, ha aseverado Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, informa Efe.

Del anuncio de Empleo se prevé que otras rentas que dependen de la decisión del Gobierno tampoco crecerán o crecerán menos que la inflación (con la consiguiente pérdida de capacidad adquisitiva) el próximo año. El salario de los empleados públicos permanecerá congelado y las pensiones se incrementarán un 1% (salvo aquellas que estén por debajo de los 1.000 euros mensuales, que aumentarán un 2%).

El ministerio que dirige Fátima Bañez asegura, en un comunicado, que la subida del SMI propuesta es "coherente con el aumento de salarios en 2013 que recoge el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el pasado mes de enero por los interlocutores sociales para los años 2012, 2013 y 2014". Algo con lo que no está de acuerdo las centrales sindicales. "Es una afirmación demagógica y completamente falsa" citar dicho acuerdo, ha subrayado Ferrer, porque, ha dicho, el SMI es una potestad del Gobierno. Para el Ejecutivo, la crisis "obliga a la adopción de políticas salariales durante el año 2013 que puedan contribuir al objetivo prioritario de recuperación económica y a la creación de empleo".

La decisión sobre el salario mínimo se suele adoptar en el último Consejo de Ministros del año. Lo mismo sucede con el Indicador Público de Efectos de Renta Múltiple (IPREM), que sirve para determinar la cuantía de determinadas prestaciones y para acceder a determinados beneficios o servicios públicos, que actualmente se sitúa en 532,51 euros.

CCOO y UGT recalcan que las condiciones de vida de los trabajadores con rentas más bajas se están deteriorando a medida que transcurre la crisis, por lo que exigen un reparto más equitativo del esfuerzo para salir de la recesión. "Si observamos la distribución de la renta desde el inicio de la recesión, el peso de la remuneración de los asalariados ha descendido, mientras que el del factor capital ha aumentado", indican. En el caso del SMI, afirman que su poder adquisitivo sólo mejoró desde 2004 a 2009, mientras que desde 2010 ha perdido poder de compra porque las subidas no alcanzaron el alza de los precios de los productos.

Los sindicatos exigen un reparto más equitativo del esfuerzo para salir de la crisis

"La mejora del poder de compra del SMI contribuye al fortalecimiento de la cohesión social y a la reducción de desigualdades", aseguran. También recuerdan que España suscribió la Carta Social Europea que recomienda que el SMI alcance el 60 % del salario medio neto. Según los cálculos sindicales, desde 2008 los hogares han perdido más del 7% de renta y ha aumentando el porcentaje de población en riesgo de pobreza hasta el 27% (4 puntos más que en 2007).

Además, resaltan que las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social en el régimen general coinciden con el SMI, por lo que aumentarlo supondría mejorar la jubilación de aquellos que perciben menores salarios. En lo que respecta al IPREM, los sindicatos instan al Ejecutivo a fijar un mecanismo de actualización automática similar al de las pensiones "para evitar la creciente pérdida de valor del mismo", que se sitúa hasta 2012 en el 6,8%.