Que el euríbor baje es una muy buena noticia para los hipotecados españoles. Cuando este indicador llega al 1%, como durante esta crisis, es casi motivo de celebración. Menos para aquellos que de repente descubren que su préstamo tiene un precio mínimo (lo que se denomina suelo) por mucho que baje el índice al que está referenciado. Es lo que le ha pasado en los últimos dos años a miles de hogares españoles, que no eran conscientes de haber firmado esta cláusula que les ha impuesto seguir pagando unos intereses de en torno al 3% cuando el euríbor estaba dos puntos por debajo.

Muchos de estos ciudadanos han demandado a su entidad financiera ante los tribunales por la falta de información y por considerar ilegal esa práctica. Recientemente, ha habido dos sentencias en juzgados de primera instancia que han avalado su legalidad, pero el Gobierno quiere poner fin a esta incertidumbre. En la orden ministerial de Transparencia Bancaria que está tramitando legitimará a las entidades a incluir esta cláusula en los préstamos hipotecarios y también los swaps (seguros de tipo de interés). Además, permitirá a bancos y cajas cobrar a los clientes por asesorarles e informarles sobre sus productos y no tendrán que registrar en el Banco de España sus tarifas.

Pese a ser una normativa tan beneficiosa para la banca, tanto los representantes del sector financiero como los de los consumidores han acordado consensuar un escrito de oposición a esta normativa, que consideran precipitada, aunque cada uno se opone a ella por una causa muy diferente. Desde la AEB (bancos) y la CECA (cajas) consideran que es, para ellos, más restrictiva que la directiva europea de transparencia bancaria, mientras que los consumidores lo ven un peligro para sus derechos.

Por otro lado, el PP planteó ayer en el Congreso su batalla en favor de recuperar para todos los contribuyentes la deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF, que el Gobierno limitó este año para las rentas superiores a 24.000 euros. Utilizando un concepto que la inercia del lenguaje sitúa a su izquierda, justicia social, el PP no logró convencer al resto de grupos de que apoyasen su proposición de ley. Sólo Coalición Canaria la respaldó. La portavoz de Vivienda del PSOE, Ana Fuentes, acusó al PP de actuar 'por electoralismo' pidiendo una medida que desaconsejan todos los organismos internacionales, informa Miguel Ángel Marfull.