A los ilusionados padres que acudieron ayer al Registro Civil en Madrid a inscribir a un nuevo miembro familiar les resultaba absolutamente "inconcebible" que un funcionario judicial decidiera por ellos el orden de los apellidos de su hijo. Cuando fueron situados hipotéticamente en un caso de conflicto, algunos llegaron a entender la injusticia que supondría que el machismo entendido por algunos como "tradición" decidiera por ellos imponiendo por defecto el apellido paterno. Y por tanto, dando la razón al padre.

Hasta ahí todos de acuerdo. Sindicatos de funcionarios de Justicia, padres, feministas y políticos coinciden en denunciar esa anomalía. Otra cosa es la solución alcanzada el pasado miércoles por la comisión de Justicia del Congreso. Sólo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió ayer que los jueces encargados de los registros decidan el orden de los apellidos ante el desacuerdo parental. Los criterios de decisión atenderán "al interés superior del menor", trató de zanjar, sin éxito, el ministro.

"¿Quitarle el García? Mi marido se negaría seguro", afirma una madre

"Yo tengo claro que un funcionario jamás va a decidir el nombre de mi hijo", señaló a las puertas del Registro Civil Fran Osorio. Junto con su mujer, Eva González, acaba de registrar a su hija, Nora Osorio González. "No nos hemos planteado poner mi apellido antes", coincidió Eva con la gran mayoría de las madres que acudieron ayer a registrar a sus recién nacidos. "No se ha planteado como un problema de machismo, es una decisión tradicional", añadió Eva.

"Soy rumana y mi marido español, y mi hija se apellidará García, como su padre", opinó en la sala de espera del registro Aura Moldovan. Preguntada por la importancia de la pérdida de su apellido familiar al nombrar a su hija Shalia García, Aura contestó: "¿Quitarle el García? Mi marido se negaría seguro", contestó.

"Ese problema está superado porque la Ley del Registro Civil ya permite que las madres inscriban su apellido primero. A veces se hace. Y además con total normalidad", analiza la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillo. "Otra situación es en caso de conflicto. Me parece impensable que se pueda solucionar una situación de este tipo sin la participación de un tercero", añade. En su opinión, los casos que podrían surgir son de familias rotas que ya han comenzado un proceso de ruptura durante el embarazo y que en gran parte de casos ya cuentan con la mediación judicial.

Un padre: "Mi padre no soportaría que se perdiera el González"

Otra de las opciones que Cerrillo cree que podría generar conflicto es aquella en laque el padre no acepta la inversión de los apellidos. BegoñaVázquez acudió ayer al registro para inscribir junto a su pareja, José Antonio González, a su hijo, Guillermo González Vázquez. "No cambiaremos los apellidos, pero si el mío fuese muy particular sí lo cambiaríamos", opina. "Mi padre no soportaría que se perdiera el González", contestó el padre. "Yo quería llamarle Diego y al final se llamará Guillermo. Supongo que el debate sería similar. Con el apellido hay una cuestión tradicional", añade. "Conservará el González, pero ahora que lo dices, me lo estoy pensando", bromea Begoña.

Sin ninguna duda al respecto se encuentra el padre argentino Germán Palma. "No creo que sea una cuestión de machismo, es tradición", justifica al inscribir a su hijo como Nicolás Palma Marty, en lugar de con el apellido de su madre filipina por delante. "Es cierto que en Argentina las mujeres pierden el apellido al casarse, pero es a libre elección, es tradicional", añade.

La norma de 1999, reformada el pasado miércoles, no daba lugar al debate al otorgar el apellido paterno en caso de una discusión irresoluble entre los padres. "Introducía una discriminación en detrimento de la mujer", explicó ayer en un comunicado el Ministerio de Justicia. "En algunos casos, las diferencias entre las dos familias son tan grandes que no me parece extraño que decida un juez", opina BárbaraMartínez. Su hija, Tatiana Cifre Martínez, conservará el apellido paterno. "Si más adelante ella quiera cambiar el orden de los apellidos que lo haga", añade el padre, Alberto Cifre.

"La solución debe ser la misma que en la patria potestad", opinan en Themis

"Un juez tiene la capacidad y la profesionalidad para interpretar mejor que nadie una ley, pero no hay un criterio claro a seguir; ¿qué es el interés superior del menor?", criticó el portavoz de Justicia del sindicato de funcionarios CSI-F, Juan Antonio Martín. Precisamente Caamaño añadió que el objetivo de la solución acordada es evitar la "judicialización" de la respuesta. "Pero es que los tribunales tienen que existir cuando hay un desacuerdo. Si hay un tercero que tiene que decidir, mejor que sea un juez, pero con unas reglas claras", explicó Cerrillos.

"La solución es la misma que surge en otros debates de la patria potestad. Los casos que pueden surgir son muy excepcionales, pero tendrá que ser un juez el que escuche a las familias y decida si hay un debate sobre si el niño tiene que ir a una escuela laica o religiosa. En ningún caso puede dejarse a la arbitrariedad de un funcionario", explica Cerrillo.

"Nosotros estamos a favor de la igualdad entre padres y madres, pero el encargado de decidir no puede ser un funcionario sin un criterio marcado", opina el portavoz de CCOO de funcionarios de Justicia, Javier Hernández. En su opinión, en el fondo de la decisión se encuentra el proceso descentralizador de la Administración de Justicia que, en su opinión, pone en peligro 3.500 puestos de trabajo.