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Hospitales y población civil, objetivo de la guerrilla hutu

El FDLR resiste las ofensivas y sigue reclutando niños

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'Atacar las aglomeraciones y a la población civil para crear una catástrofe humanitaria, que empujará a la comunidad internacional a reaccionar y imponer al Gobierno de Kigali que negocie con el FDLR'. Esta es una de las órdenes dada el pasado marzo por el general Mudacumura, el comandante del Frente Democrático para la Liberación de Ruanda (FDLR), el grupo armado hutu opuesto al régimen de Paul Kagame.

Mudacumura, en un mensaje leído por un radioperador del grupo rebelde y recogido por el Grupo de Expertos, también habló de priorizar las operaciones contra el Ejército, para robarles armas y munición, y los ataques a hospitales, para hacerse con las medicinas.

Órdenes como estas violan de forma flagrante el derecho internacional humanitario que es de aplicación en todo conflicto armado.

A pesar de la operación conjunta que los Ejércitos de Congo y Ruanda llevaron a cabo el pasado enero para desmantelar al FDLR, los expertos de la ONU concluyen que el operativo sólo sirvió para dispersarlos y debilitarlos temporalmente, pero después se han reagrupado y continúan reclutando.

'La explotación de oro y de casiterita continúa reportando al grupo millones de dólares de financiación directa', apunta el informe. El grupo rebelde ha hecho especial hincapié en operaciones de represalia contra pueblos o zonas que perciben como aliadas o colaboradoras de la ofensiva contra ellos.

A raíz de esa operación, el FDLR dio orden de reclutar 'a todos los niños mayores de 15 años'. Este grupo no es el único que emplea niños-soldado. El Ejército de Congo y el grupo armado pro ruandés Consejo Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), reclutaron a 623 niños-soldado entre noviembre de 2008 y octubre de 2009.

Otro patrón alarmante que continúa es la violencia sexual. En la provincia de Kivu Norte, una entidad que ayuda a las víctimas registró 3.106 ataques sexuales perpetrados por hombres armados entre enero y julio de 2009. En la mitad de los casos, los autores de los ataques fueron miembros del Ejército congolés.

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