El Congreso de los Diputados tendrá un problema menos del que preocuparse cuando afronte la reforma definitiva de la ley del aborto. Apruebe lo que apruebe, ningún diputado sufrirá una excomunión automática (la que se produce de forma automática con el delito). En contra de lo que se venía anunciando desde algunos sectores, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, confirmó ayer que la Iglesia no considerará excomulgados a los responsables políticos que aprueben esta normativa.

Camino explicó que el Código Canónico establece que la pena de excomunión automática "sólo recae sobre aquellos que realizan este tipo de actos [en este caso, la interrupción de un embarazo] o son colaboradores directos con cada acto concreto que se lleva a cabo". Camino no evaluó, no obstante, la posibilidad de que la Iglesia emprendiera un proceso formal de excomunión contra los legisladores, mucho más complicado de ejecutar.

El Congreso aprobó el miércoles el texto que pide una ley de plazos y supuestos

El portavoz de los obispos arremetió ayer contra la futura ley que despenalizará el aborto y ofreció su punto de vista sobre los motivos de la reforma: "La explicación práctica es que los que van a nacer no votan y no se organizan en sindicatos", se despachó, al término de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

"Más del millón de españoles cuya vida ha sido segada en los últimos años, desde que entró en vigor la actual legislación, son seres humanos que no pueden defenderse, ni asociarse, y que no votan. Entonces sus derechos no son tenidos en cuenta", zanjó.

El portavoz de los obispos no quiso hacer una valoración oficial sobre el informe de la Comisión de Igualdad, favorable a una ley de plazos, que fue aprobado el miércoles en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el PP (el PNV y CIU se abstuvieron). "No suelen hacerse declaraciones sobre textos de este nivel", aseveró, si bien reconoció que los obispos han tratado la cuestión. "Cuando haya un proyecto de texto legal, se responderá", indicó.

La reforma incluirá medidas para prevenir embarazos no deseados

La recomendación que hacen los diputados al Gobierno es que elabore una nueva ley que combine plazos y supuestos: durante un tiempo limitado el Ejecutivo parece que se decanta entre las 14 y 16 semanas se podría abortar de forma libre. Y a partir de ese tiempo, no se establecería límite en caso de grave peligro para la salud de la madre o graves malformaciones en el feto.

Esta legislación es la que prevalece en la mayoría de países europeos, incluido Italia, donde la influencia de la Iglesia católica es mucho más poderosa que en España. Italia permite el aborto libre en las 12 primeras semanas de embarazo y cuando hay graves malformaciones en el feto, no establece límites.

Los obispos españoles parecen ignorar estas legislaciones y como adelantó Público hace unas semanas, el Episcopado tiene ya preparado un documento que verá la luz después de que el Consejo de Ministros presente el anteproyecto de ley, que con toda probabilidad sustituirá a la actual legislación. Camino se limitó a calificar la ampliación de la ley de "detestable acto de violencia" y advirtió de que "cuanto menos se proteja el derecho a la vida, más injusta será la ley y menos carácter de ley tendrá". La condena rotunda de la ampliación del aborto, sin embargo, contiene varios matices.

El portavoz de los obispos recuerda que «los que van a nacer, no votan»

Sin protestas en las calles

Por ejemplo, según confirmó Camino, cuando se apruebe la ley, previsiblemente antes del verano, no se verán obispos en las calles encabezando manifestaciones. Así ocurrió en 2005, cuando los prelados convocaron a sus fieles a protestar contra la aprobación de los matrimonios homosexuales. El portavoz del Episcopado matizó que, en aquella ocasión, "se produjo una novedad sumamente grave en la legislación mundial, sin parangón en ninguna civilización ni en ninguna época. Ante una responsabilidad tan grande, se actuó de manera excepcional". Algo que, al parecer, no sucederá con la nueva ley del aborto.

En cualquier caso, el portavoz episcopal insistió en la posición de la Iglesia contraria a la interrupción del embarazo: "Eliminar una vida humana inocente no puede ser aceptable en ningún momento, por ninguna causa".

"La aceptación social del aborto es uno de los mayores dramas del siglo XX", siguió el obispo auxiliar de Madrid, quien añadió que "una sociedad que no asegura la vida de los no nacidos es una sociedad que vive en una seria violencia interna respecto de su misión fundamental: proteger y promover la vida de todos".

El Episcopado parece también ignorar que la intención del Gobierno es que la nueva normativa se apruebe en el marco de una ley de derechos sexuales y reproductivos, y uno de sus principales objetivos será fomentar la prevención de embarazos no deseados, mediante la educación sexual y el uso de anticonceptivos, para reducir el número de abortos.