La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), uno de los instrumentos de democracia participativa que reivindica el 15-M, es un derecho de todos los españoles garantizado en la Constitución. Pero la práctica ha demostrado que es más teórico que real: en más de 30 años de democracia, sólo una ILP ha sido capaz de pasar los filtros que impone la ley, reunir 500.000 firmas bajo la supervisión de la Junta Electoral y, tras el debate de los diputados, inspirar un texto legal.

La excepción es de 1998, con una ILP sobre la "reclamación de deudas comunitarias" en las comunidades de propietarios, una iniciativa que quedó subsumida en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Es la única excepción de las más de 60 iniciativas presentadas desde la aprobación de la ley que regula las ILP, de 1984.

Jaime Pastor explica las restricciones por el "miedo" de la Transición

La gran mayoría no superó ni siquiera el filtro de la Mesa: se excluyen del mecanismo las leyes orgánicas por tanto, no es posible presentar una ILP sobre la ley electoral como quiere Democracia Real Ya, la reforma de la Constitución por ejemplo, a favor de la República, temas que afecten a la elaboración de los Presupuestos, los asuntos "de naturaleza tributaria, de carácter internacional y los referentes a la prerrogativa de gracia".

Incluso si la materia es susceptible de ILP, luego hay que superar el muro del elevadísimo número de firmas exigidas: ni siquiera la gran plataforma ecologista creada a principios de la década de 1990 para presentar una ILP contra la energía nuclear fue capaz de reunir las 500.000 firmas que requiere la Constitución y su iniciativa decayó. En cambio, la que ahora impulsa la dación en pago, al agrupar a organizaciones con una afiliación cercana a los diez millones y tras meses de preparación, sí tenía posibilidades reales, a diferencia de Los Verdes Ecopacifistas, grupúsculo de 300 afiliados.

Las mayores facilidades se dan en Catalunya, con una ley de 2006

"Los constituyentes fueron muy cautelosos para reforzar la democracia representativa tras tantos años de franquismo, que a menudo echaba mano de plebiscitos, y por eso colocaron tantas restricciones", explica Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. "Ante el miedo a perder el control, se optó por blindar un sistema bipartidista y la Transición misma", opina Jaime Pastor, politólogo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Las comunidades autónomas sí tienen margen para facilitar las ILP en las cuestiones de su competencia y, ahora mismo, José Antonio Griñán (PSOE) ha propuesto una reforma en Andalucía que incluye rebajar el número de firmas de 75.000 a 41.000, informa Ángel Munárriz.

La ley más avanzada de España es, según los expertos, la de Catalunya, aprobada en 2006 por el tripartito de Pasqual Maragall bajo el impulso de ICV, que facilitó el proceso que en 2010 prohibió los toros: exige 50.000 firmas, pero acepta firmantes a partir de 16 años, sus promotores intervienen en el pleno y pueden retirar la iniciativa cuando quieran para evitar que los diputados la manipulen.