El comunicado público del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) tiene, por sí mismo, una gran importancia en el escenario político vasco abierto tras la definitiva paralización de la lucha armada de ETA hace ya más de dos años y puede proyectar nuevos cambios de futuro en dicho escenario político.

El pasado 26 de febrero la izquierda abertzale hizo público un manifiesto titulado Construyamos la paz en el proceso democrático. El documento partía de reconocer "el dolor y el sufrimiento que las diversas manifestaciones de violencia han producido en Euskal Herria". Pero añadía, expresamente, su "profundo pesar" por "las consecuencias dolorosas derivadas de la acción armada de ETA" y aceptaba que "mediante sus (de la izquierda abertzale) declaraciones o actos ha podido proyectar una imagen de insensibilidad frente al dolor causado por las acciones de ETA" y que esto "haya podido suponer, aunque no de manera intencionada, un dolor añadido o un sentimiento de humillación para las víctimas".

Sin embargo faltaba una posición similar realizada expresamente desde ETA. Ahora lo hace desde su ámbito de "Presas y Presos Políticos Vascos". El comunicado de EPPK debe entenderse como un paso que pronto será asumido directamente por la propia organización armada.

El comunicado de EPPK responde, a las "recomendaciones" que presentó públicamente el "Foro Social para impulsar el proceso de paz" el pasado 27 de mayo. Este Foro está organizado por Bake Bidea, plataforma social del País Vasco bajo administración francesa y la red ciudadana por el acuerdo y la consulta Lokarri. Además, cuenta con el apoyo y participación de diversas asociaciones y colectivos internacionales. En su presentación pública el mes de febrero, el Foro Social se fijo tres objetivos: 1) la definición de una agenda de desarme y reintegración de las personas presas y huidas, 2) la garantía de todos los Derechos Humanos y Libertades democráticas y 3) cómo afrontar el pasado y poner las bases para la convivencia. En lo que se refiere a esa reintegración de las personas huidas planteaba "adecuar la legalidad a la realidad y aplicar una justicia de carácter transicional" pero aceptando que su reintegración social "se debe desarrollar de forma individualizada, escalonada, y en tiempo prudencial" y que, además, "debe haber por su parte un reconocimiento del daño causado como consecuencia de su actuación".

EPPK que ya anunció su compromiso a valorar estas recomendaciones, lo ha hecho ahora aceptándolas en lo que les corresponde, es decir, en la posición relativa a la reintegración de las personas presas. Y lo ha hecho apenas una semana después de que el Foro Social nombrara a ocho personas independientes y relevantes para que difundieran sus "recomendaciones".

Hasta ahora la posición de EPPK había sido contraria a la solicitud de "soluciones" individuales y ahora acepta que "se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial" tras mostrar "nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes". Esto constituye un cambio muy importante porque desbloquea, por su parte, uno de los temas más complejos en la búsqueda de una solución democrática y justa de las consecuencias de la violencia política desarrollada en Euskal Herria.

Buena parte de las opiniones políticas que tratan, ahora, de quitar importancia al comunicado de EPPK han estado, sin embargo, insistiendo e insistiendo en que ese colectivo chantajeaba la libre actuación de las presas y presos al impedirles la búsqueda de soluciones individuales y que eso demostraba, incluso, que no estaba tan clara la decisión del abandono de la lucha armada. Han insistido, también, en que la fórmula para solucionar el tema de las presas y presos era la "vía Nanclares" que incluía reconocimiento del dolor causado y aceptación de soluciones individualizadas; y ahora, ¿qué? La posición pública de EPPK traslada el tema al espacio jurídico y político, por mucho que esas voces, interesadas sólo en dinamitar puentes de solución, traten de ningunearla. Ahora toca plantearse jurídica y políticamente, retomando la "recomendación" del Foro Social, cómo adecuar la legalidad a la realidad y aplicar una justicia de carácter transicional.

En su día la misma ETA calificó las "recomendaciones" del Foro Social como "aportación constructiva", añadiendo que "en su conjunto puede constituir el punto de partida para acordar una hoja de ruta" y comprometiéndose a hacer llegar su opinión concreta a los impulsores de las recomendaciones, "con el fin de hacer nuestra aportación al contenido, escuchar sus propuestas e intenciones, y analizar las posibilidades de avanzar". En ese contexto cobró bastante fuerza la idea/esperanza de que ETA anunciara su disolución y realizara una propuesta de entrega ordenada de las armas. Hasta ahora no ha ocurrido, pero es difícil analizar la agenda de sus actuaciones desde que dictó el final de la lucha armada, sin tenerlo en perspectiva.

El 15 de diciembre, Arnaldo Otegi declaró lo siguiente al periódico La Jornada de México: "Seguir avanzando de manera unilateral, independientemente de lo que pida, diga y haga el Estado". El comunicado de EPPK es una nueva y digna muestra de ello. 

Petxo Idoyaga es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).