La clínica madrileña Isadora, acreditada para realizar abortos, ha pedido esta semana al juzgado de instrucción número 47 que archive la causa que el tribunal investiga desde hace más de un año por supuestas irregularidades en la gestión de residuos.
Según consta en los escritos, en el proceso se han producido causas que han vulnerado derechos fundamentales. La petición destaca que la retirada de los contenedores de residuos de la clínica que la Guardia Civil realizó el 20 de febrero de 2007 fue nula de pleno derecho. La razón: el juez lo había prohibido y los responsables del centro no fueron informados.
El centro alega, además, que no hay indicios de los supuestos abortos ilegales imputados a tres facultativos. Destacan que las pruebas que aporta el juez para investigar no se ajustan a derecho.
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