La crisis financiera de 2008 marca un antes y un después en la vida de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas occidentales y de los españoles en particular. Muchos de los derechos sociales que tanto había costado alcanzar y que partían de consensos básicos y constituyentes nacidos de los acuerdos sociales de la posguerra en Europa o de la Constitución de 1978, en nuestro caso, están siendo incumplidos por los poderes públicos.

La razón es conocida. Los gobiernos de centro-derecha y centro-izquierda han impedido que los responsables de la crisis, los bancos privados y las grandes fortunas, paguen sus consecuencias. No han podido o querido poner fin a las causas que la han provocado regulando de una manera más justa, redistributiva y eficaz los mercados financieros ni se han atrevido a someter el poder de las finanzas a los intereses generales. Las consecuencias son variadas y graves. En lugar de dar salida a la crisis, se sientan las bases para la generación de nuevas y más graves perturbaciones económicas en un breve plazo, mientras se debilita el estado social que con tantos sacrificios trajeron a nuestro país quienes lucharon por la democracia. Al dejar que las finanzas impongan su lógica económica y su voluntad a la ciudadanía, se paraliza la economía y se resquebraja la democracia. Al limitarse a salvar a la banca privada y a dejar que imponga nuevamente sus decisiones al conjunto de la sociedad, se incrementa la desigualdad y la desconfianza en la política.

Recién llegado al gobierno Rodríguez Zapatero, el consejero delegado del Banco de Santander y ahora convicto por intento de estafa, Alfredo Sanz, formulaba claramente la demanda de los sectores oligárquicos del país: "hay que desmantelar el estado de bienestar". La crisis provocada por las oligarquías financieras ha conducido por ahora al aumento de su poder, mientras incrementan sus beneficios económicos y depauperan a la sociedad. Esto les permite llevar a cabo su proyecto sin tener que saltar para ello a la arena política pues un gobierno socialdemócrata, radicalmente divorciado de sus bases y de sus ideales, se ocupa del desmantelamiento del estado del bienestar con el argumento de que esto simplemente lo imponen los mercados.

Frente a esto, la ciudadanía se encuentra perpleja y frustrada, saciada de los discursos políticos que nunca traducen a hechos sus promesas electorales. Los votantes y afiliados socialistas se debaten entre mirar a otro lado al no sentirse identificados con su gobierno, y apoyar sea lo que sea por temor a que "venga la derecha". A la izquierda del PSOE se aprecian intentos de avanzar en procesos de apertura y convergencia, aunque las fuerzas están debilitadas víctimas de errores propios, de una desmovilización social persistente o de la imposibilidad de hacerse oír en un sistema político diseñado para dar cobijo a un bipartidismo de facto.

En esa situación, a los sindicatos se les ha asignado injustamente la tarea titánica de enfrentarse al conglomerado de intereses financieros que ha conseguido imponer estas políticas. Puede considerarse que han cometido un error suscribiendo un acuerdo sobre pensiones que supone un paso atrás, un recorte de derechos y el reconocimiento de una derrota. Pero no se puede ignorar que han tenido que actuar sin apenas cobertura política y con un apoyo social insuficiente. Además, como sindicatos, no pueden y no deben actuar como lo que no son, como una referencia política alternativa. Corresponde a todos los ciudadanos defender el estado social y de derecho, y movilizarse para ello.

Muchos y muchas creemos sin embargo que detrás de este panorama desolador hay un poder ciudadano latente dispuesto a no dejarse llevar por el desánimo, que no quiere seguir siendo un espectador pasivo de las estafas, los engaños bancarios, la destrucción del tejido productivo, la injusticia fiscal y los privilegios de una minoría. Muchos ciudadanos y ciudadanas se niegan a creer que la única solución a los males sociales sea satisfacer siempre y cada vez más los intereses de los sectores más privilegiados de la sociedad. Con esa convicción, un grupo ya numeroso de personas, procedentes de todas las sensibilidades de la izquierda nos hemos autoconvocado para estrechar nuestro acuerdo, para poner en común lo que nos une y empezar a actuar promoviendo otras respuestas y alternativas a los problemas de nuestra sociedad. Nuestro objetivo es encontrar fórmulas para que la participación y la acción política se inserten con naturalidad en la vida de los ciudadanos y ciudadanas, para generar capacidad de transformación real, para que la discusión y la acción se conviertan en fuente de aprendizaje colectivo y de fraternidad.

Proponemos iniciar un proceso de convergencia ciudadana alrededor de una red capilar de mesas de encuentro cívico. Queremos que en todos los barrios, pueblos, centros de estudio y de trabajo haya, al menos, un núcleo de hombres y mujeres organizados, que han decidido aparcar sus diferencias políticas para enfrentarse al recorte de derechos sociales. El primer paso lo daremos en el encuentro convocado para el próximo 19 de febrero en el Auditorio Marcelino Camacho (Calle Lope de Vega 40, Madrid) a las 11:00 de la mañana. Allí está invitada cualquier persona que ame la justicia y que, sumándose a este proceso, desee decir que no a lo que viene ocurriendo en nuestra sociedad.