El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no ha ganado la guerra a la que se enfrenta con las asociaciones judiciales, pero sí ha vencido la batalla del tiempo. Las cuatro organizaciones abogan por cancelar la llamada a la huelga para el día 26 de este mes, que hubiese sido la segunda tras el paro de los magistrados del pasado 18 de febrero.

La última en desmarcarse oficialmente de la movilización ha sido la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que hasta ayer no descartaba instar a sus asociados a la huelga este mes. Ahora, sin embargo, ha optado por aplazarla, y éste parece ser el mismo camino que tomará el Foro Judicial Independiente en su asamblea del día 15.

'La APM ha decidido posponer el paro hasta el 8 de octubre', explicó en declaraciones a Público el portavoz de la organización, Antonio García. Las razones para el aplazamiento se deben a las peticiones de los propios asociados. 'Nos han pedido a los que negociamos con Justicia que hagamos un último esfuerzo de entendimiento', aclaró.

Logros insuficientes

Los magistrados de la asociación conservadora constataron, durante la celebración de su comisión permanente, 'la insuficiencia' de lo conseguido durante las negociaciones con el Gobierno acerca de la mejora de la situación laboral de los jueces, así como sobre la renovación de la administración de Justicia.

'Por eso hemos puesto ya una fecha concreta para una futura huelga', destacó García. El mismo portavoz quiso dejar claro que el paro únicamente será desconvocado 'si hay avances realmente constatables en torno al documento reivindicativo inicial de las asociaciones, y si los próximos Presupuestos Generales destinan una cantidad considerable a la renovación de la Justicia '. Por su parte, Caamaño mostró ayer su disposición para seguir dialogando.