El Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona ha requerido a UDC que se presente en la causa en la que investiga a la Fundació Catalunya i Territori (FCT) para defenderse, después de que Fiscalía haya considerado que pudo beneficiarse de los supuestos desvíos de fondos a través de esta fundación afín, han explicado fuentes judiciales.

Según las mismas fuentes, el juez ha aceptado esta petición de la Fiscalía de Barcelona, que considera que la formación democristiana debe personarse en el caso como posible responsable civil subsidiario a título lucrativo, aunque no se ha pronunciado sobre la fianza de 176.000 euros que también pidió que pague el partido.

El juez también ha rechazado, tal y como pidió la Fiscalía, archivar la causa contra los imputados al considerar que hay indicios que apuntan a este desvío de fondos .

La Fiscalía cree que el grupo de empresas IMS, cuyos administradores eran vocales de la fundación, pagó a la empresa Kontrast Produccions servicios prestados a Unió en la organización de eventos con un coste de 116.583 euros, lo que considera un delito de apropiación indebida.

También cree que la fundación abonó a Kontrast facturas por gastos del partido democristiano por un importe de 60.000 euros, y considera que la fundación, destinada a priori a 'impulsar el sentimiento de la nación catalana y fomento de la cultura y lengua catalanas', cedió locales al partido durante largos periodo de tiempo, que luego le vendió a un precio sensiblemente menor al del mercado, lo que representaría un delito de administración desleal.

Estos presuntos movimientos irregulares de los que se podría haber beneficiado el partido que lidera Josep Antoni Duran parten de un supuesto desvío de aproximadamente 1.800.000 euros de la fundación, presidida por el querellado Josep Boqué de 2003 a 2006, al grupo de empresas IMS administrada por los también querellados Joan Albert L.S., Miguel Ángel C.G., que eran vocales de la fundación (el primero también tesorero).

'La FCT no recibió nada a cambio de ese dinero, con excepción de servicios de asesoría informática por el razonable importe de 17.000 euros', cree el fiscal, que consideró que esta salida de fondos se disfrazó de facturas emitidas desde el IMS y el resto bajo la firma de préstamos hechos de la FCT a IMS.