Los jueces tienen, desde ayer, un arma más para penalizar a los infractores en la carretera. Gracias a la reforma del Código Penal, que entró en vigor ayer, el vehículo está considerado "un instrumento del delito", de manera que los jueces podrán retirar el coche a los conductores que cometan un delito grave contra la seguridad vial, como el exceso de velocidad, la conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol. En virtud del artículo 385 bis del nuevo código, la Fiscalía de Seguridad Vial, que coordina Bartolomé Vargas, prevé decomisar más de 2.000 coches en los "próximos cuatro meses", según afirmó ayer el propio Vargas.

Esta modificación en el Código Penal permitirá frenar el aumento constante de conductores encarcelados (actualemente hay 1.529) porque el decomiso podrá sustituir a la pena de prisión en determinados supuestos.

Hasta ahora, los jueces sólo podían decomisar el vehículo de un infractor en el caso de los conductores kamikazes. Con la reforma en vigor, sin embargo, la Fiscalía de Seguridad Vial podrá pedir la retirada del coche en muchos más casos. Lo reclamará siempre a los conductores que cometan delitos de homicidio, lesiones imprudentes o participen en carreras ilegales. También podrá solicitarlo en la reincidencia en delitos por exceso de velocidad, por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol, o por hacerlo sin permiso o sin puntos.

De esta manera, la fiscalía podrá proponer al juez que un conductor que haya ingresado en prisión varias veces por superar la tasa de alcoholemia (1,2 gramos por litro en sangre), no vuelva a ser encarcelado si, a cambio, entrega su coche.

Lo mismo podrá suceder si un conductor comete un solo delito de conducción temeraria, bajo la influencia del alcohol y drogas o por exceso de velocidad punible "cuando las tasas sean de extraordinaria gravedad y generadoras de intenso peligro", señala la nueva medida. Este cóctel de imprudencias convierten al conductor en "una bomba suicida", apuntó Vargas, pero quien decide si a este infractor se le impone una multa, trabajos en beneficio de la comunidad o bien una pena de cárcel (ahora sustituible por el decomiso del vehículo) es el juez.

Cuando se modificó el Código Penal en el Congreso, el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, ya advirtió de que el decomiso de coches sólo se utilizaría de manera "excepcional como alternativa a la prisión".

Se pretende reducir el número de presos por delito de tráfico

Automovilistas Europeos Asociados, en cambio, no confía en esta promesa y considera "desproporcionada" la nueva medida. Esta agrupación afirma que, tal y como está redactado el Código Penal, "el decomiso no se ha contemplado como una medida excepcional, sino que debe aplicarse en todas las condenas por delitos contra la seguridad vial". Por ello, la asociación prevé que aproximadamente unos 50.000 automovilistas al año se quedarán sin coche.

Del otro lado, Vargas aseguró que el objetivo de la reforma es romper la relación "criminógena" entre el conductor y el coche. "Es como decirle al conductor: pierde usted el vehículo, así que el próximo que compre debe ser un habitáculo de paz, convivencia y solidaridad", aseguró.

Si el delito lo comete una persona que no es dueña del coche, la fiscalía lo intervendrá de manera preventiva. Para devolver el vehículo a su propietario, este tendrá que demostrar que dejó el vehículo "de buena fe" y que el coche fue comprado de manera legal.

2.000 coches serán decomisados en los próximos cuatro meses

El propósito de la fiscalía no es sustituir, sin más, determinadas penas por la retirada del coche. Se trata de "flexibilizar las penas en busca de la individualización", señaló Vargas. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también destacó esta idea: "Con el nuevo texto del Código Penal, el abanico de opciones de los jueces es más amplio para atemperar el tipo de conductas a la realidad de cada situación", afirmó ayer Caamaño en la cadena Ser.

La flexibilización de las penas, sin embargo, no afectará a los infractores que ahora están en la cárcel. Bartolomé Vargas aseguró que ninguno de los 1.529 conductores que actualemente cumplen su pena en prisión serán excarcelados. La respuesta penal a estos delitos, insistió "va a ser exactamente igual de rigurosa".

La reforma del Código Penal también incluye novedades que afectan al futuro de los coches decomisados. Hasta ahora, estos vehículos se guardaban en depósitos, donde permanecían mucho tiempo y, por tanto, perdían valor.

Ahora, los fiscales podrán pedir, como medida cautelar, que los coches sean decomisados al inicio del procedimiento judicial (sin esperar la sentencia) y que queden en poder de la Administración o de entidades sin ánimo de lucro "para fines sociales", como por ejemplo, educación vial en los colegios, o proyectos de reeducación. Los fiscales incluso podrán pedir que el coche del infractor sea entregado sus víctimas para que estas hagan lo que quieran con él.